El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana tramita un proyecto de modificación del Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA) que establece una excepción para los centros de trabajo de uso privado. En concreto, quedarían exentos de disponer de aseo y vestuario accesibles para su plantilla cuando sus zonas privadas no superen los 100 metros cuadrados útiles y su ocupación calculada no exceda de diez personas.

Así, según explicó la entidad, una oficina de 100 metros cuadrados en la que trabajen simultáneamente diez personas podría “proyectarse sin aseo accesible para su plantilla”. Si una de ellas utilizase silla de ruedas, el baño podría existir y ser utilizado por el resto del equipo, pero “no por ella”.

Impulsa Igualdad advirtió de que el límite previsto coincide con el tamaño de la mayoría de las empresas españolas. Según los datos del Directorio Central de Empresas del INE de enero de 2025 citados por la entidad, el 95,1% de las empresas españolas tiene menos de diez trabajadores.

A juicio de la organización, suprimir la obligación de disponer de aseos y vestuarios accesibles en este tramo “no es una excepción puntual”, sino “una medida que afecta a la inmensa mayoría de los centros de trabajo” y que “reduce las posibilidades de las personas con discapacidad de acceder a un empleo y mantenerlo”.

La confederación consideró que la modificación supondría un “retroceso normativo”, al reducir una condición de accesibilidad exigible desde el proyecto y la construcción del centro de trabajo sin establecer una alternativa equivalente. Según señaló, la persona con discapacidad se vería “obligada a revelar su situación, solicitar una adaptación y esperar a que se tramite cuando busque o trate de mantener un empleo”.

“Una oficina no empieza a necesitar un aseo accesible cuando contrata a una persona con discapacidad: lo necesita desde que se diseña. Construir primero la barrera y ofrecer después un posible ajuste no es accesibilidad, es trasladar a la persona el coste de una exclusión que podía haberse evitado”, explicó el presidente de Impulsa Igualdad, Francisco Sardón.