Según explicó el concejal socialista y presidente de la Comisión de Vigilancia de la contratación, Rafael Simancas, el Ayuntamiento no obtuvo el permiso de la Comunidad para empezar a quemar residuos hasta el mes de diciembre, "lo cual significa que hasta ese momento se hicieron unos pagos indebidos a cuenta de un servicio que no se estaba llevando a cabo".

En opinión de Simancas e el mejor de los casos se ha producido una modificación ilegal del contrato y, en el peor, alguien se ha llevado indebidamente una importante cantidad de dinero del erario público.

Por su parte, el concejal de Limpieza, Luis Molina, negó que hayan existido irregularidades en el contrato que el Ayuntamiento tiene con la unión temporal de empresas (UTE) para el control de las emisiones y el funcionamiento de la incineradora, como afirma el grupo socialista.

Molina explicó que el servicio contratadocon estas empresas no es sólo para medir las emisiones de gases producidos por la incineradora sino, además, el control del funcionamiento de todas las instalaciones de la Planta de Tratamiento Integral de Residuos Sólidos Urbanos, de la que la incineradora forma parte.

A pesar de estas explicaciones, el Grupo Municipal Socialista propondrá que se remita al Tribunal de Cuentas todo el expediente "para que éste actúe en consecuencia. Esperamos que el Partido Popular no se oponga a esta propuesta en ara de la transparencia que tanto proclama", advirtió Simancas.