En el Pleno del Congreso de los Diputados, Saiz respondió así a la interpelación del PNV para actualizar la norma, dado que las familias afectadas “se encuentran con un muro de trabas, de interpretaciones arbitrarias y de silencios administrativos” que dificultan acceder a la ayuda y además, esta se acaba con la mayoría de edad cuando “la enfermedad no cambia” al pasar de los 18 años, según denunció la diputada del PNV Idoia Sagastizabal.

La ministra respondió anunciando una nueva norma que supondrá derogar “íntegramente” el real decreto 1148/2011 y aprobar en su lugar una nueva regulación que unifica todas las mejoras que se han ido haciendo sobre la prestación CUME. “Las demandas de las propias familias aconsejaban ya una revisión de conjunto”, justificó la ministra, que destacó que dicha norma surge “de un proceso de escucha” con las familias afectadas.

Saiz explicó que como novedades recogerá la actualización del concepto de situación protegida para recoger otras situaciones como es la hospitalización domiciliaria, tratamientos ambulatorios continuados o recaídas en enfermedades graves reconocidas, de manera que se amplía el alcance de la prestación.

También clarifica el régimen aplicable en casos de nulidad, separación, divorcio o extinción de la pareja de hecho. Configura un sistema “más flexible y ajustado, se amplían plazos, se mejora el esquema de prórrogas para acompasar mejor el reconocimiento de la prestación al curso real de las patologías y las necesidades de cuidados”, según Saiz.

Sobre el procedimiento específico de la CUME, la ministra explicó que se está estandarizando el modelo de declaración medica oficial y aseveró que el informe emitido por el facultativo especialista de la sanidad pública “será la pieza angular y vinculante para el reconocimiento del derecho”, impidiendo que las mutuas “cuestionen” decisiones de los médicos que atienden directamente a los menores.

La ministra destacó que, con este cambio, se da un paso más en “la construcción de una protección social más justa, más moderna y más cercana”, se da “más certidumbre a las familias, más claridad a los procedimientos” y un mensaje de acompañamiento a los afectados. “El correcto funcionamiento de la CUME no es un gasto para las arcas públicas, es una inversión” en la “dignidad” de la sociedad, resaltó.

Saiz finalizó aportando datos sobre el alcance de esta prestación. Indicó que desde 2018, cuando llegó el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez a La Moncloa, se ha ampliado la dotación presupuestaria desde los 84 millones a los 355 millones en 2025, un 323% más, y actualmente se encuentran en vigor 18.724 procesos.