Fuentes del Ministerio celebraron que el Juzgado haya aceptado las medidas cautelares solicitadas y evitado con ello el cierre de este centro de titularidad estatal y con ello "el desalojo de las familias que estaban acogidas y llevan meses sometidas a una gran incertidumbre, desde que el Ayuntamiento de Pozuelo inició este procedimiento, el pasado mes de julio".

Este centro abrió en marzo de 2022 para atender en un primer momento la llegada de personas ucranianas que huían de la invasión rusa, "con unas 400 plazas iniciales sin que el Ayuntamiento emitiese crítica alguna hasta hace unos meses". "En la actualidad, tiene una ocupación de 70 plazas, todas ellas correspondientes a familias ucranianas con niños y niñas con protección temporal, así como varias mujeres afganas con sus hijos, en situación de asilo", explicó el departamento.

Además, el Ministerio negó el supuesto hacinamiento que denuncia el Ayuntamiento de Pozuelo, ya que "la ocupación actual se sitúa en un 17% de la capacidad". "Este centro, además y como su propio nombre indica, es de derivación. Por tanto, tampoco tiene ese carácter de permanencia al que se refiere el consistorio", precisó.

Reiteró que el Creade de Pozuelo "ofrece un servicio indispensable para estas familias en extrema vulnerabilidad, que pueden iniciar en él su proceso de integración en España con todas las garantías" y, junto a otros similares, ha sido un centro de referencia y "un modelo reconocido como buena práctica por organizaciones de prestigio como la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur)".

En estos centros, "en apenas unas horas, las personas refugiadas son registradas, documentadas, informadas de derechos y obligaciones y son atendidas a nivel psicosocial mientras se deriva a recursos sociales a quienes lo necesitan". "La situación administrativa del centro no ha variado desde su apertura", concluyó Inclusión.