En su comparecencia ante la comisión del ramo del Congreso de los Diputados, Saiz explicó que esta medida forma parte de una batería de actuaciones previstas para ampliar la cobertura del IMV, que desde su puesta en marcha ya ha llegado a unos 750.000 hogares, donde viven más de 2,3 millones de personas.

Explicó que hoy en día, cuando la persona titular del IMV muere la familia tiene en la práctica que volver a plantear una solicitud “por extinción de la convivencia”. Lo mismo sucede cuando se produce un nuevo empadronamiento en la unidad de convivencia, agregó.

Ello se debe a que, según la normativa vigente, si ocurre un cambio en la composición de la unidad de convivencia --si una persona se incorpora o sale del hogar-- la Seguridad Social puede suspender el IMV hasta que evalúe la nueva situación. “Vamos a seguir implantando mejoras para facilitar la gestión y tramitación del IMV”, y citó su intención de modificar este requisito.

Además, indicó que su departamento pondrá en marcha nuevas campañas informativas para dar a conocer la prestación e “iniciativas de búsqueda activa de posibles beneficiarios”. En su opinión, “las brechas de cobertura en este tipo de políticas sociales son amplias, en España y en el resto de países”.

“Seguiremos trabajando para alcanzar a aquellas personas que podrían solicitar el IMV” y que aún no lo han hecho, afirmó, pero “mediante el diálogo con las comunidades autónomas, los servicios sociales de los ayuntamientos, las entidades del Tercer Sector y, por supuesto, el Instituto Nacional de la Seguridad Social”. “Nuestras propuestas de mejoras serán fruto del diálogo pero también del rigor, siempre en función de los datos que obtengamos”, recalcó.

La ministra quiso destacar que, “si atendemos a la experiencia de otros países y de las comunidades autónomas, las políticas de rentas mínimas suelen necesitar entre siete y ocho años para alcanzar su pleno funcionamiento”.

Sin embargo, en menos de cuatro años, se ha llegado a más de 750.000 hogares y 2,3 millones de beneficiarios, lo que supone el 45% de las personas en situación de pobreza extrema, afirmó. Antes del IMV, las rentas mínimas autonómicas cubrían a 697.000 personas en su conjunto, declaró. “Es la primera prestación estatal no contributiva de nuestro país que llega a todos los territorios”, declaró.