Esta denncia se produjo porque la Comisión de Calificación, Coordinación y Seguimiento del PER, tras aprobar tres expedientes en 1987 y 1988 para la construcción de la citada nave, por un importe global de 17.520.000 de pesetas, verificó que las obras no se hicieron y que la mano de obra empleada era mínima.

Según la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, los hechos pueden constituir inicialmente un delito de malversación de fondos públicos, por haberle dado a los caudales una aplicación púbica diferente a aquélla a la que estaban destinados y, en su caso, un delito contra la Hacienda Pública, por incumplimiento de las condiciones establecidas.

Además, se da la circunstancia de que Diego García Villena fue el ex alcalde implicado en el presunto fraude del PER que, a su vez, implicó a altos cargo de la Administración en Granada cuando declaró ante el juez por presunta complicidad y connivencia en la firma de peonadas falsas.

El caso de García Villena ha recaído por reparto en el Juzgdo de Instrucción número 6 de Granada, que instruye igualmente el caso del fraude al PER de la localidad en la que fue alcalde, Padul.

A este juzgado le corresponderá comprobar los hechos y recabar del Inem la documentación sobre los expedientes económicos que autorizaban esas cantidades para la realización de la nave industrial.

Este ayuntamiento fue requerido en 1989 por el Inem para que devolviera las 17.520.000 pesetas. El ayuntamiento no respondió, alegando que no podía hacerse responsable dl rendimiento de los trabajadores por ser personal perteneciente al paro.

El director general del Inem acordó el pasado 7 de agosto de 1989 declarar la obligación del ayuntamiento de Padul de reintegrar al Tesoro la cantidad citada, más los intereses correspondientes.