Según fuentes del Ministerio que dirige Sira Rego, el objetivo de la reforma es ampliar la Lopivi para reforzar los mecanismos de atención en todos los ámbitos y garantizar el derecho de los niños y las niñas a ser escuchados tengan la edad que tengan.

Tal y como explicó recientemente la propia Rego, el Gobierno de coalición considera "indispensable" este cambio en el que lleva trabajando casi un año.

En julio, tras un nuevo episodio de conflicto en el 'caso Juana Rivas', la titular de Juventud e Infancia ya avanzó que "desgraciadamente" el del hijo menor de Rivas, que tuvo que volver con su padre a Italia pese a manifestar su negativa, no es el único caso de este tipo. "Tenemos niños que tienen mucha dificultad para que el sistema de justicia los escuche, para ser creídos y sobre todo para una tercera cuestión que me parece fundamental, que tengan la posibilidad de ser reparados y cuidados", afirmó entonces Rego.

Para dar respuesta a situaciones como esa, el Ministerio ha elaborado un borrador legislativo cuyo eje central es fortalecer el interés superior del menor. En concreto, la reforma prevé ampliar la regulación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que recoge la obligatoriedad de que los jueces escuchen a los menores a partir de 12 años. De aprobarse la ampliación de la Lopivi que tiene sobre la mesa la cartera de Sira Rego, ese límite se eliminaría, de modo que se reconocería el derecho de todos los niños y adolescentes a ser escuchados, sin límite de edad.

En este sentido, Infancia propone también que cualquier resolución que afecte a un menor deberá incluir una justificación explicativa de cómo se ha valorado ese interés superior del niño.

VIOLENCIA INSTITUCIONAL

El borrador recoge, según explicaron desde el Ministerio, una prohibición expresa de la violencia institucional y del Síndrome de Alienación Parental (SAP), una teoría desarrollada por el médico estadounidense Richard Gardner en 1985, según la cual la madre alinea a su hijo contra el padre en el marco de una disputa por su custodia. Respecto a esto, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya se mostró contrario a aceptar la teoría del SAP al considerar que supondría “una terapia coactiva y una vulneración" de los derechos de los niños.

Para combatir la violencia institucional y la utilización del SAP en los procesos judiciales, la modificación de la Lopivi plantea sanciones administrativas.

Vinculado a lo anterior, otro de los puntos novedosos de esta modificación propuesta por Infancia es el reconocimiento expreso del derecho a la reparación de las víctimas, que si bien ya se mencionaba en el texto actual, no estaba definido. Ahora Rego propone que las víctimas de violencia sexual infantil sean titulares plenos de los derechos del Estatuto de la Víctima del Delito.

ABOGADO DEL MENOR

Además de lo anterior, el borrador de la reforma fijará unas condiciones mínimas que garanticen el denominado derecho a la escucha del menor: confidencialidad, prevención de contacto con la persona agresora, posibilidad de elegir acompañamiento, posibilidad de elegir el sexo de la persona entrevistadora, especialmente en casos de violencia sexual o maltrato, etc.

Del mismo modo, la ampliación de la Lopivi implicará nuevas exigencias en cuanto al lenguaje de las resoluciones que atañan a los menores, exigiendo que se utilice un lenguaje claro, accesible y comprensible. El objetivo es que los menores de edad comprendan las decisiones que les incumben de forma directa.

Además, en la propuesta de Infancia también se recoge la creación de la figura del abogado del menor, que sería un abogado de oficio que defiende a los niños y niñas en casos como el de Daniel Arcuri, el hijo de Juana Rivas, donde existe un conflicto entre los padres y los intereses de los menores quedan supeditaros a la defensa de los progenitores.

El objetivo es sustituir la figura del denominado defensor judicial que los expertos han considerado insuficiente, por una Abogacía de la Infancia, con una formación específica en derechos de menores.

De este modo, el Ministerio quiere incorporar una perspectiva de infancia en el sistema judicial, que también reforzará con un futuro Plan Director en el que se recogerá la formación especializada que deberá tener todo el personal que tenga contacto con menores.

GRUPO DE EXPERTAS

Esta tarde, la ministra mantendrá un encuentro con el grupo de expertas que han trabajado junto al Ministerio desde febrero de este año en la propuesta de reforma de la Ley, y que está compuesto por 12 especialistas del ámbito de la judicatura, la psicología, la sociología, la pediatría y el trabajo social.

Entre sus integrantes están: la magistrada Isabel Giménez; la trabajadora social sanitaria Antonia Aretio; la profesora de la Universidad Complutense de Madrid Débora Ávila; la jurista María del Mar Daza; la doctora en Psicología Mireia Forner; la jueza Cira García; la psiquiatra y presidenta de la Comisión de Violencia Machista y Salut del Hospital Clinic de Barcelona, Lluisa García; la presidenta de la Asociación Mujeres Libres Mujeres en Paz, Ana María González; la profesora de Derecho de la Universidad de Granada Francisca Granados; la jurista María Naredo; la pediatra Narcisa Palomino; y la magistrada Gloria Poyatos

El siguiente paso será que Infancia ajuste con Igualdad y Justicia los detalles de la reforma con la que Rego espera que los niños y niñas sean tenidos en cuenta en los procesos administrativos y judiciales en los que estén implicados.