Se trata del ‘Estudio de la resiliencia de las infraestructuras energéticas ante eventos climáticos extremos’, elaborado por el Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería Energética de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y que ha sido presentado este jueves por Fundación Naturgy.

El documento analiza los riesgos crecientes asociados al cambio climático y plantea soluciones para reforzar la seguridad y continuidad del suministro energético.

A este respecto, advierte de que en este nuevo contexto, garantizar la continuidad del suministro ya no depende únicamente de reparar los daños, sino de anticiparlos, adaptar las redes y reforzar la capacidad de recuperación del sistema.

El estudio toma como referencia la dana porque fue un episodio de gran magnitud que evidenció tanto la vulnerabilidad de determinados activos como la solidez de la respuesta operativa del sector energético.

Como consecuencia, según se recoge en el estudio, provocó graves daños materiales, afectó a miles de infraestructuras y tuvo un impacto económico significativo, poniendo de manifiesto la necesidad de avanzar hacia sistemas energéticos más resilientes.

En el ámbito eléctrico, recuerda que el impacto fue significativo, con más de 17.000 hogares sin suministro y más de 500 centros de transformación dañados. No obstante, destaca que la rápida actuación de los operadores permitió restablecer el servicio al 99% en menos de 72 horas.

En paralelo, sobre las infraestructuras gasistas, valora que operaron con un alto grado de solidez puesto que aunque se interrumpió el suministro de forma preventiva a más de 24.000 clientes, el servicio se recuperó completamente en un plazo de tres semanas, garantizando en todo momento la seguridad del sistema.

Por último, el análisis destaca el papel esencial de la energía en la sociedad moderna, especialmente en situaciones de emergencia, donde resulta imprescindible para garantizar el funcionamiento de servicios críticos como hospitales, sistemas de comunicación, transporte o centros de coordinación.

“La interrupción del suministro energético en estos contextos tiene consecuencias directas sobre la seguridad, la salud y la actividad económica, lo que refuerza la importancia de contar con infraestructuras preparadas para resistir y recuperarse ante eventos extremos”, concluye.