Es una de las conclusiones del ‘Estudio sobre las transiciones educativas de primaria a secundaria en centros educativos públicos’, realizado por la Fundación Europea Sociedad y Educación en colaboración con la Fundación Aprendiendo a Ser y la Fundación Francisco Giner de los Ríos y publicado este miércoles. A través de un análisis comparado europeo, una revisión detallada de la normativa autonómica y un estudio empírico sobre los centros integrados CEIPSO de la Comunidad de Madrid, la investigación destaca los retos y oportunidades de este momento clave en la trayectoria escolar del alumnado.

“La transición entre la educación primaria y la secundaria es un momento clave en la trayectoria escolar del alumnado, con implicaciones tanto académicas como personales y sociales. Este proceso, que coincide con el inicio de la adolescencia, conlleva un cambio profundo en la cultura escolar y en la organización educativa, lo que puede generar tensiones y desigualdades, especialmente cuando no está adecuadamente planificado ni acompañado”, expone el informe.

En esta etapa de transición, remarcaron los autores, se produce “un aumento significativo en la repetición de curso, lo que incrementa el riesgo de fracaso escolar y, en consecuencia, aumenta el abandono educativo temprano”, por lo que consideran ese momento como “un punto crítico de la trayectoria escolar”, con “importantes repercusiones en la equidad y en la continuidad del aprendizaje”.

CONTINUIDAD PEDAGÓGICA

“España, situada en una posición intermedia con un currículo común hasta los 16 años, evita los riesgos de la diferenciación temprana, pero afronta dificultades derivadas de la fragmentación organizativa y del cambio de centro”, refleja el estudio, que también concluye que “de esta experiencia internacional se desprende la necesidad de reforzar la coordinación entre etapas, impulsar la continuidad pedagógica y articular un acompañamiento personalizado que atienda al desarrollo integral del alumnado”.

En las consideraciones finales del estudio, los autores reclaman “marcos normativos más claros que aseguren procesos de transición sistemáticos y comparables, a la vez que respeten la autonomía territorial”. “La existencia de centros integrados en 16 comunidades autónomas, con justificaciones diversas (equidad territorial, lucha contra el abandono temprano, racionalización de recursos), confirma que se trata de un modelo con potencial de expansión, aunque condicionado por la falta claridad normativa y los mecanismos de coordinación interna”, expone el estudio.

Asimismo, otra conclusión es que “el sistema educativo español evita los riesgos de la diferenciación temprana, pero afronta dificultades derivadas de la fragmentación organizativa y del cambio de centro”.