García Sendón traslada esta petición en una carta remitida a Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

“Esta combinación de insuficiente mantenimiento, falta de recursos humanos y ausencia de reconocimiento de responsabilidades constituye un factor de riesgo que debe ser abordado de manera prioritaria”, apunta el presidente de la Aicape, que representa a funcionarios públicos que desempeñan funciones de explotación y mantenimiento de presas de titularidad estatal.

En la misiva, la Aicape advierte de que el nivel actual de inversión en mantenimiento de presas se sitúa muy por debajo de los estándares técnicos necesarios, lo que dificulta una explotación preventiva y segura, especialmente en un contexto de envejecimiento del parque de presas y de incremento de fenómenos hidrológicos extremos.

Asimismo, apunta que esos ingenieros soportan “niveles de carga de trabajo y de estrés laboral muy elevados” debido a “una dotación de personal claramente insuficiente” que se ha ido reduciendo en los últimos años “pese al aumento de exigencias técnicas y normativas”.

“CAMBIO DE RUMBO”

A ello se suma “la ausencia de reconocimiento de la especial responsabilidad y disponibilidad permanente” que asumen los funcionarios que dirigen la explotación de las presas, quienes, según la carta, asumen una “elevada exposición técnica y personal”, y “exigencias de disponibilidad permanente que no encuentran reflejo ni en la organización de los servicios ni en el régimen retributivo”.

García Sendón indicó que esas advertencias proceden de “quienes gestionan a diario estas infraestructuras y conocen de primera mano el estado real de las presas y las limitaciones con las que se presta el servicio”.

“Garantizar la seguridad de los embalses exige medios reales y decisiones efectivas, no solo marcos normativos o declaraciones de intención”, añadió.

Por ello, la Aicape reclamó a Transición Ecológica “un cambio de rumbo claro, con compromisos concretos que permitan reforzar la inversión en mantenimiento, restituir las capacidades técnicas de los servicios de explotación y reconocer adecuadamente la responsabilidad de los funcionarios que los dirigen”.