García Bravo fue condenado por el Tribunal Supremo por un delito de coacciones a Juan Mulet, un vecino del municipio de Yaiza que fue detenido por la polícía local en el año 1983 por realizar una obra sin licencia municipal. Mulet denunció al alcalde, García Bravo, por coacciones y detención ilegal.

El abogado defensor del parlamentario canario ha solicitado un indulto real basándose en el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechs y en la corta duración de la condena.

García Bravo ha sido alcalde de Yaiza desde 1975 hasta el pasado lunes cuando una sentencia del Tribunal Supremo lo condenó a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Precisamente en este antecedente se ha basado el Tribunal Supremo para ordenar el encarcelamiento.

CRISIS

La condena de García Bravo ha provocado una crisis política en el gobierno canario que apoyan los partidos de la Coalición Canaria.

José Carlos Mauricio, diputad de Coalición Canaria en el Congreso, solicitó esta semana la dimisión de García Bravo de su escaño en la cámara regional. Los cuatro parlamentarios del PIL reaccionaron solicitando que se aparte a José Carlos Mauricio de la dirección de la Coalición Canaria y anunciaron que no acudirán al Parlamento hasta que se produzca este hecho.

Sin el respaldo de los parlamentarios del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), el gobierno que preside Manuel Hermoso se queda en minoría, con 27 parlamentarios,frente a los 29 que suman el Partido Popular y el PSOE en la oposición.