En una nota de prensa, el CJE cita como ejemplo que los inmigrantes irregulares no puedan ejercer los derechos de reunión, sociación, manifestación, sindicación y huelga por ser delito.

A juicio de este órgano, la Ley 8/2000 es un retroceso en el tratamiento de la inmigración en nuestro país, como refleja el tratamiento policial de la inmigración, centrado en la persecución de los inmigrantes irregulares para su expulsión.

Además, el CJE critica al Ejecutivo por no consensuar esta ley con partidos políticos y agentes sociales. "Tal postura supone dar la espalda a la participación activa de todas las instituciones, enidades y agentes que creemos en una democracia participativa", recalcó.