En una nota de prensa conjunta, estas dos organizaciones señalan que los preceptos constitucionales vulnerados son los relativos a los ejercicios de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga.

Igualmente, consideran que el procedimiento de expulsión preferente previsto en esa ley "podría vulerar el derecho de todas las personas a obtener la tutela judicial efectiva conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución".

Ambas asociaciones hacen un llamamiento al Gobierno para que promueva una política de inmigración encaminada a la integración y la igualdad de derechos y deberes de los españoles, "que no esté basada únicamente en un tratamiento meramente policial de la llegada y permanencia de emigrantes en España, sino que favorezca la regularización e integración de los inmigranes".