Las mismas fuentes explicaron que en la reforma de esa ley se tendrá en cuenta el análisis de su aplicación desde que entró en vigor, en febero de 2000, así como las directivas comunitarias en materia de inmigración y la sentencia del Tribunal Supremo que cuestiona 13 artículos del reglamento que la desarrolla.

En este sentido, Interior señala que el Gobierno dará rango de ley a los artículos cuestionados por el Supremo y que endurecerá las penas a los transportistas de inmigrantes irregulares, tal como recoge una directiva comunitaria.

Además, las mismas fuentes explicaron que la ley se reformará para agilizar procedimientos de expusión. En este sentido, destacaron que si un país de la UE dicta orden de expulsión contra un inmigrante irregular ésta se podrá efectuar desde España si el extranjero se encuentra en nuestro país.

Finalmente, otras modificaciones a este texto legal serán las encaminadas a agilizar la tramitación de documentos para la entrada legal en España, como son los visados, que tendrán la consideración de permisos de trabajo y residencia.