En un comunicado, SOS Racismo señala que la nueva ley vulnera el derecho a la presunción de inocencia, ya que contempla la expulsión de personas que se vean acusadas de un delito antes de que se dicte sentencia.

En este sentido, "también vulnera el derecho ala defensa. Al haber sido expulsadas, esas personas no podrán defenderse. Estas expulsiones pueden ejecutarse en un plazo de tres días, lo que en la práctica imposibilita la presentación de recurso y el derecho a la defensa", según esta ONG.

Por otra parte, agrega, esta última reforma de la Ley de Extranjería viola el derecho a la intimidad, puesto que el acceso de la Policía a los datos de los inmigrantes en los censos municipales vulnera la confidencialidad de esa información.

En el caso de losciudadanos españoles el acceso a los datos personales sólo se permite si hay indicio de delito y una autorización judicial.

CENSO

Además, concluye, puede provocar que muchos inmigrantes en situación irregular se retiren de los censos por miedo a la expulsión, lo que conllevaría la pérdida de los derechos vinculados al empadronamiento: asistencia sanitaria, educación de los hijos y acceso a los servicios sociales.

Por último, SOS Racismo subraya que la nueva ley, que ha entrado hoy en vigor, disrimina "gravemente" a los ciudadanos extranjeros, lo que choca con la Normativa Europea Antidiscriminatoria.