Morocho estaba citado hace una semana, pero su comparecencia fue pospuesta. Lo que diga se analizará con lupa y se contrastará con las afirmaciones hechas esta semana en la vista por el expresidente de Gobierno Mariano Rajoy, por su mano derecha en el partido María Dolores de Cospedal y por el propio Bárcenas.

El agente fue el responsable del informe de la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía que jerarquiza y describe la organización parapolicial pagada con fondos reservados del Ministerio del Interior. Su tesis es que la operación no fue algo casual llevado a cabo por integrantes aislados del Cuerpo, sino que funcionaba de manera organizada y con financiación suficiente.

El informe que se entregó al instructor en 2021 presta especial atención a la declaración del excomisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, que estuvo imputado en la causa antes de que se archivara para él por haber sufrido un ictus que le convirtió en inimputable.

Ese informe de 114 páginas detallaba que la organización de la operación funcionaba “indiciariamente” en tres niveles. El primero era la rama política que apunta directamente al Partido Popular, al que atribuye la capacidad de fijar los objetivos de la operación y su puesta en marcha.

En un segundo nivel se situaría el Ministerio del Interior dirigido en ese momento por el ministro Jorge Fernández Díaz, y su secretario de Estado, Francisco Martínez. Según el investigador, ellos transmitían las órdenes y dotaban de viabilidad financiera a la trama. Por último, se sitúan los ejecutores de esa estrategia que pertenecen al ámbito policial.

Estos tres círculos de decisión y actuación estaban estrechamente relacionados a través de diversos canales cuyo objetivo era desactivar la información que pudiera tener Bárcenas sobre la financiación irregular del partido y la implicación de sus máximos dirigentes, para que nunca llegara a manos del juez. En ningún caso habría estado dirigida a encontrar el patrimonio oculto del extesorero, tal y como dijo Rajoy en su declaración del jueves pasado.

El informe de Morocho recoge que a García Castaño le pidieron desde Interior que averiguar si Bárcenas tenía pruebas de la ‘contabilidad B’ del PP, mientras que el comisario Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de seguridad de María Dolores de Cospedal cuando presidía Castilla-La Mancha, fue el que supuestamente captó al chófer de la familia del extesorero para espiarles y descubrió los discos duros de la ‘caja B’.