A través de un comunicado, la asociación detalló que en su sentencia 84/2024 del pasado 22 de enero, el Supremo “indica que las actuaciones en materia de inspección o recaudación ejecutiva que hayan de efectuarse fuera del territorio de la respectiva entidad local serán practicadas por los órganos competentes de la correspondiente comunidad autónoma”, cuando deban “realizarse en el ámbito territorial de ésta, y por los órganos competentes del Estado en otro caso, previa solicitud del presidente de la corporación”.

Para los inspectores de la Hacienda Local, el fallo del Supremo supone “un obstáculo en la lucha contra el fraude”, ya que “por ejemplo ha anulado el embargo que tramitó el Ayuntamiento de Madrid de una suma de dinero de una cuenta bancaria de una sucursal financiera situada en la provincia de Toledo”.

Por tanto, la asociación consideró que sus efectos “deben ser corregidos con carácter inmediato para no agravar todavía más la inseguridad jurídica que, desde hace décadas, atenaza la tributación local en España”.