Así se desprende del informe ‘El problema de la litigiosidad tributaria en España. Propuestas de solución y mejora desde la perspectiva de las empresas’, presentado este lunes por el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, y elaborado por 17 expertos y catedráticos de Derecho Financiero y Tributario.

El documento señaló que la litigiosidad tributaria en España “es excesiva tanto en número de reclamaciones como en cuantía de los importes reclamados”, en comparación con los países del entorno, y situó las reclamaciones en unas 230.000, según datos de la Agencia Tributaria, que, además, muestran “una tendencia creciente en los últimos años”.

Una cuarta parte de los recursos de reposición fueron estimados totalmente a favor del contribuyente en todo o en parte. Del resto de los recursos, en torno a un 26% fueron considerados totalmente en la vía económica-administrativa y, de los desestimados en esta etapa, aproximadamente el 32%, se estimaron en la jurisdicción contencioso-administrativa, como apuntó el IEE.

Para el IEE, el centro de estudios de la CEOE, más de un 60% del total de las liquidaciones tributarias recurridas son estimadas totalmente, “lo que es un indicativo de la existencia de fallos en la Administración”.

Los datos recopilados en el informe situaron la deuda pendiente de cobro gestionada por la Agencia Tributaria en 40.421,2 millones de euros, a lo que habría que añadir unos 12.145 millones de euros como suma de indemnizaciones que ha de afrontar el Estado por sentencias judiciales adversas.

El IEE recalcó que este fenómeno no constituye un hecho aislado, sino que responde “a un problema estructural del sistema tributario español en el que resalta la complejidad normativa”, como expuso en un comunicado.

En su opinión, eso es resultado de la complejidad del sistema tributario, con una normativa dispersa, tanto en los tributos como en los niveles administrativos a los que afecta, y una redacción ambigua.

Para solucionar esta situación, el IEE propuso una simplificación normativa y claridad interpretativa, el fomento de una relación cooperativa entre Administración y contribuyentes, la implementación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, la reforma de procedimientos administrativos y judiciales, y la desvinculación de incentivos de la Agencia Tributaria de las cantidades liquidadas y establecimiento de mecanismos de responsabilidad sobre actos y decisiones para la Administración y sus funcionarios.