En rueda de prensa, Gil explicó que pese a que esta protección se basa en una demanda "de elevada justicia social", supondrá "un gasto muy fuerte" para la economía española.

La medida que propone el Gobierno es financiar los cuidados de estas personas a través de los Presupuestos Generales del Estado, lo que, a juicio del IEE, podría poner en peligro la estabilidad presupuestaria.

Por ello, recomendó al Ejecutivo "que busque alternativas" que contribuyan a asegurar que las más de 1.125.000 personas dependientes en España puedan ser atendidas.

"Se trata de una propuesta de justicia social, pero si no se buscan alternativas, se va a pagar en las cuentas públicas", indicó Gil.