Pensiones

El Instituto Santalucía critica el “carácter confuso y complejo” de los presupuestos de 2023 sobre el sistema de pensiones

- Defiende que hubiera sido “más equitativo” blindar únicamente el poder adquisitivo de las pensiones más bajas

MADRID
SERVIMEDIA

El Foro de Expertos del Instituto Santalucía lamentó este martes el “carácter cada vez más complejo y confuso” de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 en materia de Seguridad Social al incluir gastos y prestaciones “que mezclan las partidas contributivas y no contributivas”.

Este capítulo social es la mayor partida de los presupuestos, más del 40% del gasto consolidado, lo que supone unos 204.209 millones de euros, un 12,8% más que en 2021, según este grupo de expertos.

Concretamente, el grueso del gasto en Seguridad Social de los PGE se destina a financiar las pensiones contributivas con un coste previsto de 166.777 millones de euros (11,2% más que el año anterior) y las no contributivas, que recibirán 2.803 millones de euros (sin incluir País Vasco y Navarra).

Sin embargo, además de los complementos de mínimos para las pensiones contributivas y no contributivas, se traspasan al Estado otros gastos impropios que incluyen prestaciones explícitamente contributivas como el nacimiento y cuidado de menores, por un total de 3.117 millones de euros, y otros 5.560 millones de euros por conceptos no detallados.

“Aunque una de las recomendaciones del Pacto de Toledo en 2020 era clarificar la separación de fuentes entre el Estado y la Seguridad Social, en la práctica ocurre lo contrario”, comentó el director del INSTITUTO SANTALUCÍA, José Manuel Jiménez.

A su juicio, “algunos gastos supuestamente impropios se traspasan al Estado y la falta de transparencia y de metodología objetiva para el cálculo presupuestario aumenta la incertidumbre sobre la sostenibilidad financiera del sistema”.

En este sentido, los expertos del Instituto Santalucía advirtieron de que las trasferencias crecientes para la financiación de “gastos impropios, que en parte no son tales, solo sirven para traspasar al Estado la mayor parte del déficit del sistema contributivo de pensiones, ofreciendo una imagen distorsionada de la salud financiera del sistema”.

HUCHA DE PENSIONES

Según este Foro de Expertos, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) para incrementar la ‘hucha de las pensiones’ solo podría tener sentido con unos presupuestos de pensiones en equilibrio. Sin embargo, para 2023, indicaron que el déficit esperado será de un 0,7% sobre el PIB, que aumentará a 0,9% si no se tienen en cuenta los ingresos extraordinarios del MEI.

“Es más, el déficit del componente contributivo ascendería a 2,3% del PIB, sin tener en cuenta las transferencias del Estado para financiar los supuestos gastos impropios”, calcularon los expertos.

Por lo tanto, desde el Foro de Expertos alertan de que esta aportación “parece más un artificio contable adicional para cumplir con la norma, que el reflejo de una realidad que muestra un sistema financiero en déficit, donde habría que concretar otras soluciones para conseguir el equilibrio presupuestario a medio y largo plazo”.

SUBIDA DE PENSIONES

Por otra parte, avisaron de que con la actualización de las pensiones con el IPC, estimada en un 8,5% en 2023, los pensionistas serán de los pocos colectivos que tengan su renta protegida frente a la inflación, al contrario que la mayoría del resto de los trabajadores, que verían su capacidad adquisitiva reducida. Por tanto, los expertos señalaron que habría sido “más equitativo blindar solo a las pensiones más bajas”.

“Si esta revalorización no viene acompañada de una subida de los ingresos, o una disminución del gasto por otras vías, la sostenibilidad del sistema puede peligrar a largo plazo”, declaró José Manuel Jiménez.

Precisamente, el Foro de Expertos del Instituto Santalucía destacó que el sistema de revalorización de las pensiones previsto en la reforma de 2013 ya ofrecía soluciones mediante el aumento de ingresos o reducción de gastos. “De hecho, la reforma de 2013 era compatible con esta actualización de las pensiones con el IPC. Lo único que requería eran suficientes ingresos”, añadió Jiménez.

“Nuestro sistema de Seguridad Social debería evolucionar hacia un modelo de cuentas nocionales, en el que el sistema seguiría siendo de reparto, pero permitiría introducir mejoras relevantes, como el incremento de la transparencia, la equidad y la protección a la inflación. Un sistema de este tipo sería, además, perfectamente compatible con las pensiones mínimas que decida la sociedad, incluso con un poder adquisitivo creciente”, concluyó el Instituto.

(SERVIMEDIA)
13 Dic 2022
DMM/gja