La fase de la instrucción en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ya ha concluido, según las mismas fuentes, y el juez dará traslado de la causa en fechas próximas a las partes personadas.

La defensa de los imputados, entre los que se encuentra el ex presidente del Gobierno Balear Gabriel Cañellas, la acusación particular, representada por Izquierda Unida y el Partido Nacinalista de Mallorca, y el Ministerio Fiscal deberán calificar los hechos. El juez decidirá posteriormente si archiva la causa o abre juicio oral.

Fuentes cercanas a la acusación particular explicaron que en su escrito calificarán los hechos como "constitutivos de los delitos de prevaricación y cohecho". La defensa pedirá el archivo de la causa.

La investigación del caso Túnel de Sóller se inició antes del verano de 1995, y provocó la dimisión de Cañellas como presidente autonómico y del Partido Ppular balear. Según los informes que obran en poder del juez, un talón de 50 millones de pesetas librado en enero de 1989 a cuenta de la compañía concesionaria del proyecto fue localizado en parte en cuentas del PP de las islas o de altos cargos o empresas relacionadas con la formación conservadora.

El juez instructor, Juan López Gayá, dividió en fechas recientes dividir la causa en dos partes, y trasladó al juzgado de instrucción número 1 de Palma de Mallorca la parte correspondiente a los presuntos elitos de estafa, apropiación indebida y falisificación de documentos en los que podría haber incurrido el empresario adjudicatario del proyecto Antoni Cuart. El Ministerio Fiscal presentó un recurso de queja contra esa decisión del juez, que fue desestimado por la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior.