La petición, presentada por los equipos jurídicos ante el titular del juzgado que instruyó el sumario de Intelhorce, se basa en la denuncia presentada por el sindicato CCOO en octubre de 1991 contra Moreno y Orefici por sendo delitos de estafa, falsedad documental y prevaricación en el proceso de privatización de la fábrica.

El juzgado que admitió la denuncia, el número 12 de losde Málaga, con el visto bueno de la Fiscalía, archivó la causa al entender que los hechos denunciados por CCOO no eran "constitutivos de delito alguno previsto y penado en el Código Penal", indicando que "la vía pertinente para dilucidar tal responsabilidad" era "la de procedimiento contencioso administrativo, no el proceso penal", según consta en el texto de la petición realizada hoy por los abogados.

Los hechos que en la actualidad instruye el juez Juan Francisco Ramírez, según los abogados de Orefii y Moreno, son los mismos por lo que hace 4 años otro juez archivó la causa penal.

En este sentido, las defensas consideran que "unos mismos hechos", las supuestas irregularidades en el proceso de privatización de la fábrica textil malagueña, "no pueden existir y dejar de existir al mismo tiempo". Por ello, consideran, invocando a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre "la inalterabilidad de las resoluciones judiciales firmes", que "no se debe reabrir un proceso penal en el que previamente se eclaró que no existía ilícito penal alguno".

La petición realizada hoy por los abogados, que ha sido hecha pública a última hora de la tarde, se hace extensiva también para el hijo de Giovanni Orefici, Pablo, quien ha sido procesado por el juez Ramírez Barroso, si bien se encuentra en libertad sin fianza.

Tanto Giovanni Orefici como José Miguel Moreno se encuentran en prisión incondicional y sin fianza desde hace un mes, fecha en la que el Juzgado de Instrucción número 11 comenzó a tomar declaracón a presuntos responsables en la trama que posibilitó la privatización de Intelhorce.

José Miguel Moreno, que fue presidente de Improasa durante la venta de Intelhorce a las firmas Benorve y Bonservice, ha sido acusado de favorecer las privatizaciones de la empresa textil con la emisión de un informe en el que aseguraba que ambas firmas, representadas por Orefici, tenían el apoyo de la multinacional Benetton, hecho que con posterioridad se demostró que era falso.

Por otra parte, sobre Orefici pean los delitos de falsedad documental y estafa, y se le considera responsable de la descapitalización de la fábrica y la utilización de los recursos económicos concedidos por el Estado a Intelhorce en beneficio propio o bien desviándolos hacia otras empresas de su titularidad.

El abogado de José Miguel Moreno, Carlos Larrañaga, comentó esta tarde a Servimedia que la petición realizada no supone la nulidad de actuaciones en primera instancia, sólo la petición de libertad y exculpación de su patrocinadoy de los Orefici.