La protesta coincidirá con la sesión de pleno del Congreso y se enmarca en las reclamaciones del colectivo de interinos tras la conocida como sentencia ‘Obadal’ del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), relativa al abuso de temporalidad.

En la concentración estarán presentes la Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (Ansiti), la Plataforma de Afectados de la Función Pública en Madrid y Murcia (PAFP Madrid y PAFP Murcia) y el Sindicato de Trabajadores por el Empleo Público de Aragón (Stepa). Los interinos denuncian que Administraciones Públicas han sostenido durante décadas servicios esenciales con personal temporal e interino que cubre necesidades estructurales.

Los convocantes reclaman el cumplimiento de la Directiva sobre el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada y de las sentencias del TJUE, y piden una respuesta legislativa urgente para acabar con su situación.

Entre sus reivindicaciones figuran una normativa específica para resolver el abuso de temporalidad, la readmisión de quienes fueron cesados estando en situación de abuso, indemnizaciones reales y disuasorias, y una identificación transparente de los trabajadores afectados.

SENTENCIA TJUE

En la sentencia del pasado 14 de abril, el TJUE consideró que las medidas previstas en España para sancionar la temporalidad abusiva en el sector público no resultaban conformes con el Derecho de la Unión Europea.

No obstante, recordó que no le correspondía pronunciarse sobre la interpretación de las disposiciones del Derecho interno y señaló que corresponderá al Tribunal Supremo apreciar si las medidas previstas en la normativa nacional sancionan de forma debida la utilización abusiva de los contratos temporales sucesivos en el sector públicos y si permiten eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho comunitario.

Por su parte, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública señaló que la sentencia del TJUE era “meramente aclaratoria” y, por tanto, no afectaba a la normativa nacional ni impone ningún tipo de sanción a España.

Función Pública también recordó que la doctrina del Tribunal Constitucional español es contraria a hacer fijos a trabajadores temporales sin que saquen esta plaza en una oposición abierta a todo el mundo. El acceso al empleo público en España se basa en los pilares constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Asimismo, Función Pública avisó de que “la Administración no puede cerrar servicios esenciales, no puede dejar de prestar servicios”, por lo que “ante carencias de personal va a requerir acudir a figuras temporales”.

La cartera también precisó que el problema del exceso de trabajadores temporales afecta en concreto a Comunidades Autónomas y entidades locales, con tasas del 40% y 36% de empleados eventuales, respectivamente. Esto se debe a que los sectores educativo y sanitario, que son de su competencia, son los que concentran las mayores tasas de temporalidad. La Administración General del Estado (AGE) solo tiene el 4,7% de sus trabajadores con un contrato eventual.