Grande-Marlaska calificó esta situación como una "buena noticia" y explicó, desde el puesto de mando avanzado en Navalcarnero (Madrid) , que la valoración se sustenta en los informes elaborados por los directores técnicos territoriales y los expertos que trabajan sobre el terreno. No obstante, precisó que la evolución del incendio "seguirá siendo evaluada antes de adoptar nuevas decisiones" sobre la desactivación de la emergencia.

Coincidiendo con esta mejora, Interior acordó a las 14.00 horas el levantamiento de todas las medidas de evacuación y confinamiento que permanecían vigentes en la provincia de Ávila.

La decisión afecta a los municipios de La Adrada, Gavilanes, Casavieja, Casillas, El Hoyo de Pinares, Piedralaves, Mijares, Navahondilla, Santa María del Tiétar, Sotillo de la Adrada y Villanueva de Ávila, así como a la urbanización La Atalaya, situada en el término municipal de El Tiemblo.

Asimismo, quedaron sin efecto los confinamientos de El Tiemblo y Cebreros, por lo que ya no existe ninguna restricción a la movilidad asociada a esta emergencia en la provincia abulense.

En la Comunidad de Madrid también se avanzó en la desescalada. Interior levantó la evacuación de la urbanización Encinar del Alberche, en Villa del Prado, y de la pedanía de Peralejo, perteneciente al municipio de El Escorial.

Sin embargo, continúan vigentes varias medidas preventivas. En concreto, permanecen evacuados los municipios de Valdemaqueda y Robledo de Chavela, además de cinco urbanizaciones de San Martín de Valdeiglesias y otras zonas residenciales de Pelayos de la Presa.

Marlaska explicó que cualquier nueva flexibilización dependerá exclusivamente de criterios técnicos y de seguridad. Entre las condiciones establecidas figuran que no se registren reproducciones del incendio durante al menos 48 horas, que no existan puntos calientes activos y que las vías de comunicación presenten condiciones adecuadas para garantizar el regreso seguro de los vecinos.

EL SEPRONA INVESTIGA EL ORIGEN

Preguntado por el posible origen de los incendios y por las informaciones que apuntan a eventuales responsables, el ministro evitó adelantar conclusiones y apeló a la prudencia mientras continúan las investigaciones: "Dejemos que la investigación se vaya desarrollando y que, con todos los elementos de análisis necesarios, pueda determinar el origen". Recordó que la determinación de las causas constituye una prioridad para las autoridades y destacó que agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil trabajan desde el inicio de la emergencia para esclarecer los hechos y depurar, en su caso, las responsabilidades correspondientes.

Paralelamente, el Gobierno de España informó de la magnitud del operativo desplegado para hacer frente a los incendios de Madrid, Ávila, León y Castellón. Según los datos actualizados este miércoles, los distintos organismos de la Administración General del Estado movilizaron más de 7.200 efectivos, entre ellos 1.747 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 4.971 agentes de la Guardia Civil, 193 profesionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), 172 agentes de la Policía Nacional, y 110 efectivos de Protección Civil.

La UME intervino con 505 medios terrestres y 7 aeronaves, mientras que la Guardia Civil desplegó 159 vehículos y 5 helicópteros para apoyar las labores de extinción, seguridad y evacuación de la población. Por su parte, la Policía Nacional y Protección Civil prestaron apoyo en tareas de coordinación, protección ciudadana y atención a los afectados por la emergencia.

En el ámbito de la extinción, el Miteco comunicó que mantiene movilizadas 10 Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), además de 18 aviones, 22 helicópteros, una Unidad Móvil de Análisis y Planificación (UMAP) y un equipo FAST de evaluación y asesoramiento técnico. Asimismo, el CSIC ha participado con 22 especialistas encargados del seguimiento y análisis científico de la emergencia, dentro de un dispositivo coordinado entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas afectadas.