Así consta en una respuesta por escrito del Gobierno a la diputada de Sumar, Engracia Rivera, que se interesó, entre otros, por este tipo de episodios en las cárceles españolas. En concreto, lo hizo en relación a la detención el pasado mes de febrero de un psicólogo de la cárcel de Mas d’Enric (Tarragona) por un presunto delito de acoso sexual contra trabajadoras del propio centro y haber sido denunciado en otras ocasiones.

Por ello, preguntaba al Ejecutivo por este caso, además de por los protocolos para detectar y abordar estos episodios en las prisiones, la formación de los empleados o si existe un registro de quejas, denuncias o sanciones por acoso sexual u otros comportamientos inapropiados.

En este sentido, el Gobierno reconoce que sí existe ese registro centralizado y aporta una serie de datos desde el año 2023 de casos de acoso sexual, agresión sexual y exhibicionismo o provocación sexual, tanto a presos como a funcionarios o personal no penitenciario.

En concreto, detalla que, en lo que se refiere a agresiones sexuales a profesionales de Instituciones Penitenciarias, tienen contabilizadas 24 desde 2023, siendo 2024 el año con más casos, diez. En 2023 fueron ocho y en 2025, seis. En lo que va de año no se ha contabilizado ninguna.

Mientras, en el caso de agresiones a presos, en estos años ascienden a 81, registrándose el mayor número en 2024 (30), seguido de 2025 (27) y 2023 (13). Y desde enero de este año son ya once. Asimismo, desglosa las agresiones a personal no penitenciario, las cuales ascienden desde 2023 a cinco, con un máximo de dos en 2025.

En lo que se refiere a casos de acoso sexual, los funcionarios sufrieron 127 episodios con 16 en 2023, 45 en 2024, 51 en 2025 y 15 en lo que va de año. Interior también tiene registrados otros 17 casos a presos: cuatro en 2023, cinco en 2024 y 2025, y tres desde el pasado enero. Y a personal no penitenciario, ocho casos, con 2024 como el año con más episodios, con seis.

Al mismo tiempo, las estadísticas de Instituciones penitenciarias contabilizan 153 incidentes de exhibicionismo o provocación sexual a profesionales penitenciarios, siendo 2025, con 61, el año con más casos, seguido de 2024, con 53. En el caso de los dirigidos a presos, ascienden desde 2023 a 31, con el máximo registrado en 2025, con 19. En 2024 hubo otros nueve casos, y en lo que va de 2026, dos. Por último, los episodios de este tipo en los que la víctima era personal no penitenciario ascienden a cinco.

PROTOCOLOS

En su respuesta, el Ejecutivo también hace referencia a los protocolos de actuación vigentes. Así, señala tres. El primero es el de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, el cual se aplica al ámbito penitenciario desde octubre de 2024.

En segundo lugar, se refiere al protocolo de actuación frente a las agresiones en los establecimientos penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que tiene como finalidad “prevenir, actuar y hacer seguimiento de las agresiones físicas y verbales (también en el ámbito de la libertad sexual) que sufre el personal penitenciario por parte de las personas privadas de libertad”. Y, por último, el de actuación para la prevención, protección y atención de las personas privadas de libertad víctimas de violencia sexual en el medio penitenciario.

FORMACIÓN

En cuanto a la formación en materia de prevención del acoso sexual, igualdad, trato no discriminatorio y ambiente laboral seguro, el Gobierno detalla que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias considera “objetivo preferente” la formación correspondiente al personal funcionario de nuevo ingreso para que adquieran “el conocimiento técnico imprescindible”. Así, explica que, una vez superada la fase de oposición, este personal penitenciario recibe, entre la formación obligatoria, “la correspondiente a políticas de igualdad de género y no discriminación, atención a la diversidad, prevención de riesgos laborales, deontología profesional, etc.”.

Y junto a esto, se ofertan a los empleados públicos de prisiones acciones formativas de “carácter no obligatorio” y que para 2026 incluyen, entre otros, propuestas relacionadas con la “identidad y diversidad psicosexual y psicoafectiva”, un ciclo de “aspectos prácticos en relación al abordaje del acoso sexual y la libertad sexual en el medio penitenciario”, otro de “aspectos prácticos en relación a la diversidad e igualdad de género en el medio penitenciario” o un curso de “prevención del acoso sexual”.

Mientras, en lo que se refiere a las preguntas sobre el caso de la cárcel de Tarragona, el Gobierno recalca que las competencias penitenciarias están transferidas a la Generalitat de Cataluña, por lo que “no puede aportar información” al respecto.