Así lo confirmó este lunes el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska en un comunicado, en el que puso de relieve que este plan “incide en la necesidad de mantener las medidas estructurales y organizativas de refuerzo de las plantillas policiales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil” en las seis provincias andaluzas en las que se desarrolla (Cádiz, Málaga, Huelva, Almería, Granada y Sevilla).

Así consta en la Instrucción 15/2025 dictada por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, en la cual se detalla que se prevé “mantener el despliegue de unidades de prevención, respuesta y mantenimiento del orden público procedentes de otros territorios”. Al mismo tiempo, fija el desplazamiento a las distintas provincias andaluzas en las que opera el plan de unidades de investigación especializadas que “colaborarán en la elaboración de inteligencia sobre el tráfico de drogas en la zona” y en la “desarticulación de las estructuras financieras que dan sostén económico al narcotráfico”.

En concreto, las medidas de "cobertura de plantillas y de refuerzo operativo" cuentan con un presupuesto de 18,8 millones para 2026, que se ampliará en 2027 según las necesidades. Mientras, el plan incluye una serie de iniciativas para aumentar la inversión en medios materiales, tecnológicos y de apoyo a las actividades de investigación e inteligencia policial, que cuentan con un presupuesto de 19,4 millones para este año, también ampliables en 2027.

Los medios que se adquirirán con ese presupuesto se sumarán a los que ya están llegando a las distintas unidades (cascos y placas balísticas para los chalecos antibalas, transportes de intervención securizados y medios de investigación), en virtud de expedientes de adquisición tramitados a finales de 2025 por valor de 21.385.893 euros.

Las principales líneas de acción del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar incluyen “la intensificación de las operaciones en alta mar que incidan en las rutas transatlánticas de transporte de droga”, con la colaboración de países de origen y organismos internacionales de lucha contra el narcotráfico, así como de instituciones como la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera y el Ministerio de Defensa en el ámbito nacional.

Asimismo, se aumentará el control de las rutas fluviales de introducción de las drogas con recursos policiales aéreos, marítimos y terrestres, así como la investigación del tráfico ilegal de armas. Además, fija un refuerzo de las medidas de autoprotección de los agentes durante sus intervenciones, en las que deberán participar "unidades tácticas con dotación armamentística adecuada al máximo riesgo previsible durante la actuación operativa”.

Junto a todo esto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantendrán las actuaciones de control sobre las adquisiciones de combustible susceptibles de ser destinados al suministro de los vehículos terrestres y marítimos de las redes de narcotráfico, el conocido como 'petaqueo'.

"BUENOS RESULTADOS"

Interior subraya los "buenos resultados" del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que se puso en marcha en julio de 2018, algo que, incide, "justifica una nueva prórroga hasta finales de 2027". Desde su inicio y hasta el pasado 31 de diciembre de 2025, el despliegue policial diseñado en el plan ha permitido el impulso de 47.862 operaciones policiales, de las que 33.463 ya están judicializadas. El pasado año, las operaciones policiales se incrementaron un 12,6% con relación a 2024 y se sostuvo la evolución ascendente de las investigaciones por blanqueo de capitales.

Asimismo, Interior detalla que esta "alta actividad policial" ha permitido, desde julio de 2018, la detención o investigación de 31.335 sospechosos de actividades relacionadas con el narcotráfico y el contrabando, así como la aprehensión de más de 2,1 toneladas de droga: 1,8 toneladas de hachís, 187.996 kilos de cocaína y 189.230 de marihuana y otras sustancias, así como la incautación y destrucción de 1.909.715 plantas de marihuana.

En el mismo periodo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han incautado 1.884 armas de fuego, 124.441.726 euros en efectivo, 9.728 vehículos (7.637 terrestres, 2.068 marítimos y 23 aéreos), así como 2.146.127 litros de gasolina.