El Supremo aprecia en este caso una "concurrencia de culpas", por un lado, por parte del interno, que estaba obligado a seguir las normas de sanidad de la cárcel, y, por otro, por parte de la administración penitenciaria, que no le impuso tomar la medicación que se negaba a recibir. A juicio del Alto Tribunal, ante la negativa del reo a tomar la medicación, los responsables médicos debieron "adoptar, exigir e imponer el tratamiento profiláctico recetado para las infecciones clínicamente detectadas".

El Alto Tribunal recuerda que la ley establece que "la administración penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos".

En su recurso, el padre del reo alegó que "la Administración penitenciaria como depositaria de la vida, la salud y la integridad de los presos, está obligada a la alimentación forzosa cuando por sí mismos se nieguen a ingerir alimentos o, en su caso, medicamentos a causa de protestos, reivindicaciones y huelgas de hambre en el interior de los recintos carcelarios".

El Supremo revoca así la sentencia en este caso por la Audiencia Nacional, que rechazó el recurso que el padre del preso presentó contra la negativa del Ministerio del Interior a indemnizarle por la muerte de su hijo.