Tal y como detalló este jueves el Instituto Armado en un comunicado, la operación 'Vicentius' se inició tras la denuncia de una victima ante la Guardia Civil en La Rioja. El motivo fue la detección de movimientos bancarios que no reconocía y la imposibilidad de recuperar las supuestas inversiones que había realizado en una plataforma de criptomonedas.

Los criminales habían facilitado a esta persona el acceso a una plataforma web falsa, en la que podían visualizar gráficos y datos manipulados que mostraban cómo su capital crecía supuestamente de forma exponencial y en tiempo real. Esto, explican, "llevó a la perjudicada a realizar sucesivas transferencias de dinero cada vez mayores con el fin de maximizar sus ingresos".

Una vez ganada su confianza, los estafadores la convencieron para instalar en sus dispositivos electrónicos un programa de acceso remoto denominado 'AnyDesk', con el pretexto de prestarle asistencia técnica para gestionar operaciones más complejas. Sin embargo, esta aplicación permitió a los ciberdelincuentes tomar el control total de su ordenador y de su teléfono móvil, accediendo directamente a sus credenciales bancarias y a toda su información personal.

En su denuncia, explicó que había sido contactada meses atrás por unos supuestos asesores financieros a través de plataformas digitales, los cuales le convencieron para realizar una pequeña inversión inicial con la promesa de obtener beneficios extraordinarios. Así con el control de los equipos y de las claves bancarias, los responsables de la trama vaciaron totalmente las cuentas personales de la víctima, así como de otras que gestionaba desde sus dispositivos informáticos, pertenecientes a la empresa en la que trabajaba.

Además del capital sustraído, utilizaron su identidad para suscribir préstamos de concesión inmediata, incrementando el perjuicio económico. Este "sofisticado entramado técnico y psicológico" permitió a los investigadores rastrear la red internacional de blanqueo asociada a la estafa.

La Guardia Civil detalla que los investigados en esta operación desempeñaban el papel de “mulas bancarias”, es decir, que actúan como intermediarios, cediendo sus cuentas o abriendo otras nuevas para recibir el dinero estafado a las víctimas.

Su función principal, añaden, consiste en "extraer, mover, fragmentar y redistribuir los fondos que reciben de los responsables de la organización". Para ello, realizan transferencias sucesivas a otras cuentas, tanto nacionales como extranjeras, o convierten el dinero en criptomonedas. Con estas operaciones encadenadas logran dificultar la trazabilidad del dinero, proteger la identidad de los verdaderos criminales y ocultar el origen ilícito de los fondos.

La investigación permitió rastrear hasta 42 transferencias dirigidas a cuentas ubicadas en Dinamarca, Lituania, Reino Unido y China, lo que facilitó seguir el recorrido del dinero y destapar una red criminal de carácter internacional con ramificaciones en Europa y Asia.

La investigación continúa abierta y centrada en determinar el destino final de los fondos para su posible recuperación.