Las denuncias, presntadas por distintos concejales de IU de diversos ayuntamientos, sostienen que el presidente del Gobierno ha podido incurrir en delito de genocidio y contra las personas, y en otro de usurpación de funciones, en relación con el artículo 63 de la Constitución, según el cual sólo corresponde al Rey declarar la guerra o hacer la paz.

"Es un hecho notorio", sostiene la Fiscalía General del Estado, "que el denunciado no ha efectuado declaración alguna de guerra a Iraq, ni las tropas españolas han sido envidas a efectuar ataque alguno a dicha nación ni a su población, ni a realizar represalias, ni actos o amenazas de violencia con finalidad de atemorizarla".

Así, Cardenal considera que procede el archivo de las denuncias, sin necesidad de practicar diligencias alguna o de citar a los denunciantes para que ratifiquen sus escritos.

Los escritos que serán archivados por orden de Cardenal se presentaron en relación a la comparecencia realizada en las Islas Azores, el pasado 14 de marzo, por José María znar, junto con los primeros ministros del Reino Unido y Portugal, y el presidente de Estados Unidos, George Bush. Para los denunciantes, tal intervención fue una declaración de guerra a Iraq que se cumplió al atacar a Iraq.

Para la Fiscalía General del Estado, en todo caso, los hechos a los que se refiere la denuncia podrían tener la consideración de "delitos contra la seguridad exterior del Estado" cuya persecución, según el artículo 102 de la Constitución, corresponde a la Sala Segunda del TribunalSupremo.

Dicha actuación del Alto Tribunal sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.