López de Uralde manifestó que el Gobierno ha adoptado una decisión equivocada al remitir al Parlamento el citado proyecto de ley.

A su juicio, el Consejo de Ministros ha cedido a las presiones que ha ejercido Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el Gobierno regional para que ambos proyectos se declaren de interés general.

Sin embargo, Greenpeace confía en que el Tribunal Supremo desestime finalmente el recurso de casación presentado por las aministraciones central y autonómica contra la sentencia de la Audiencia Nacional que declara ilegales las obras.

"Esperamos que el Supremo paralice definitivamente las obras de la presa de Itoiz, con lo cual la actitud del Gobierno quedará en evidencia", apuntó López de Uralde.