Este partido reclamó también la apertura de una investigación de oficio por parte de la Fiscalía General del Estado, de la Fiscalía de Madrid y de la Agencia de Protección de Datos ante la "presunta violación laboral española y de protección de la intimidad de los datos personales".

La coalición considera "insuficiente" el hecho de que Acebes haya aconsejado a ls trabajadores afectados que presenten denuncias individuales y desean saber si el Ministerio de Justicia, en la figura del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, interpondrá acciones penales en relación a este hecho u otros similares.

En este sentido, el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares dirigió sendos escritos oficiales a Cardenal y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para instarles a que inicien de oficio las acciones judiciales con el fin de que s dé una "sentencia ejemplar que sirva de precedente" a las empresas.

Con independiencia de la investigación abierta por la Agencia de Protección de Datos de Madrid, Izquierda Unida se dirigió también a la Agencia de Protección de Datos para "que estudie las condiciones en que se realizan los procedimientos de selección laboral en España.

La coalición de izquierdas considera que lo ocurrido con la cadena Sánchez Romero es "un claro ejemplo del deterioro de las condiciones laborales en España propiiadas por el Gobierno".