La formación liderada por Gaspar Llamazares plantea que, dentro de ese plazo, para interrumpir el embarazo baste con que, a juicio de la mujer, su continuación "le suponga un conflicto personal, familiar o social que le impida proseguir dicho embarazo".

En este mismo plazo propone contemplar el supuesto que establece "cuando el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito contra la libertad sexual, o reproducción asistida no consentida".

La proposición de ley presentada por IU-ICV establece además que el embarazo podrá interrumpirse en las 22 primeras semanas si el pronóstico de dos especialistas, al menos uno de ellos distinto del que interviene a la embarazada, determina que es presumible que el feto nazca con malformaciones físicas o psíquicas.

Por otro lado, "la interrupción del embarazo podrá realizarse en todo el periodo del embarazo si dos médicos certifican que la prosecución del embarazo pone en grave peligro la vida o la salud física o psíquica de la embarazada o ésta pertenece a un grupo considerado de riesgo en la Salud Pública".

El primer artículo de esta proposición de ley señala de forma clara que "el Estado garantiza el derecho a la procreación consciente y responsable, así como reconoce el valor social de la maternidad. Igualmente garantiza a todas las mujeres en edad fértil el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, con independencia de su edad, estado civil y nacionalidad".

Con esta iniciativa, IU-ICV quiere hacer frente a las "manipulaciones o lecturas interesadas lanzadas por la derecha al hilo de recientes informaciones, y a la hipocresía de aquellos partidos que lanzan propuestas de modificación de la ley mientras están en campaña o en la oposición y se olvidan de ellas una vez conocido el resultado electoral".