La reforma respeta las líneas esenciales de la regulación de 1982, pero incide especialmente en la pérdida de la nacionalidad española por adquisición de otra.

Según la nueva redacción, pierden la naionalidad española los emigrantes españoles o emancipados "que residan en el extranjero y adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación".

La pérdida se produciría una vez transcurridos tres años desde la adquisición de la nacionalidad extranjera, pero en caso de que España se hallare en guerra la persona seguiría manteniendo su nacionalidad.

A juicio de IU, este aspecto entra en contradicción con laConstitución, que considera la nacionalidad de origen como un valor jurídico permanente, del que nadie puede ser privado sin su propia voluntad.

Izquierda Unida considera también una limitación que la ley únicamente permita mantener la doble nacionalidad a aquéllos españoles de origen que adquirieran la nacionalidad de países tradicionalmente vinculados a España (estados iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal).

Para la formación que lidera Julio Anguita, la exclusión delos países de la CE, donde residen el mayor número de emigrantes españoles, choca con el precepto constitucional que estipula la concertación de tratados de doble nacionalidad "con aquellos países que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España".