Según la exposición de motivos que acompaña la presentación del texto legal, "los procesos de concentración de medios de comunicación en nuestro país, constituyen una seria amenaza para los derechos de dar y recibir los ciudadanos información veraz y de interés público y compromete gravemente el ejercicio efectivo de los derehos de libre expresión y libre información".

El coordinador general de IU, Julio Anguita, fue incluso más allá y afirmó que la propia democracia puede verse "amenazada", porque "cuando solamente hay una voz es el preludio de situaciones no democráticas".

Según dijo, "la democracia es la particiopación de todos en todo, consciente y desde el libre albedrío que significa la posibilidad y probabilidad de requerir información. En una sociedad plural la información debe ser plural y cuando se va concetrando en pocas manos pierde pluralidad, y a partir de ahí deja de existir la democracia".

"NO VA CONTRA NADIE"

Rosa Aguilar, portavoz parlamentaria de IU, insistió reiteradamente en que esta proposición de ley "no va contra nadie" y trata, fundamentalmente, de defender los intereses de los ciudadanos y su acceso a una información libre y plural.

Aguilar, que declaró la voluntad de IU de discutir y mejorar en lo posible el texto junto con el resto de los grupos parlamentarios, lanzó un desafío l PP para que apoye su iniciativa, recordándole que antes de llegar al poder, los populares habían reclamado una legislación antimonopolio que regulase los medios de comunicación.

El texto presentado por IU prevé la creación de un Consejo de la Comunicación compuesto por 20 miembros, de los cuales 10 serían personas de prestigio elegidas por el Parlamento, 5 profesionales de la comunicación elegidos por las asociaciones profesionales y otros 5 en representación de las empresas de comunicación.

Ese organismo tendría carácter consultivo y sería el encargado de vigilar que la normativa anticoncentración se cumpliera y, por ejemplo, que no se violasen, como ahora ocurre, los límites de participación que establece la ley en distintos medios o sistemas de comunicación (televisión privada, televisión digital, cadenas de radio).

El redactor de esta proposición, Felipe Alcaraz, aseguró que la norma contiene las líneas generales de la legislación comunitaria en esta materia, dirigida a evitar "el desplzamiento de soberanía popular desde el Parlamento a los grupos de comunicación", alejando así el peligro de que los grupos políticos se conviertan en verdaderos "lobbies" al servicio de grandes empresas.

LIMITACION DE LA PROPIEDAD

En este sentido, la norma contempla la limitación al 25% de la participación extranjera en los medios de comunicación españoles, limita al 25% la participación en proyectos de televisión por cable y de televisión digital, medida esta última que afectaría a las dos plataforas actualmente existentes.

El texto también pretende limitar el control de la prensa escrita. Así, establece que una persona física o jurídica no podrá controlar varios diarios nacionales de información general si el total de su difusión excede el 15% de todos los existentes. Igual precaución se establece para la prensa regional.

Asimismo, establece que aquellos propietarios que posean más del 10% del capital de una sociedad concesionaria de televisión privada no podrá tener paticipación directaindirecta en las sociedades que sean propietarias de televisiones locales.

Tampoco los operadores de telecomunicaciones por cable con red propia o propietarias de infraestructuras podrán operar con éstas en la prestación de servicios de radio o televisión.

La norma también trata de evitar la compra de emisoras de radio que después puedan ser cerradas para eliminar la competencia, estableciendo que los titulares de servicios de radiodifusión están obligados a garantizar el servicio de que sea objto la concesión.

La violación de todos estos preceptos conllevará una serie de sanciones que deberán ser desarrolladas en un reglamento posterior, según Felipe Alcaraz.