En concreto, fuentes de IU protestaron por las respuestas que acaban de recibir a las preguntas concretas registradas en noviembre por los diputados de esta formación Enrique Santiago y Nahuel González y el de Movimiento Sumar Agustín Santos. Por ejemplo, por la intervención de un arma en una de esas concentraciones a un alférez alumno de la Academia General Militar de Zaragoza.

Así, los diputados de Sumar preguntaron si Interior o Defensa habían “verificado si el alférez alumno se encontraba entre personas o acompañado de personas que participaban en la manifestación” o si “piensan incoar procedimiento sancionador el Ejército de Tierra al militar que portaba el arma”, si “conoce el Gobierno los motivos" por los que llevaba la pistola, si ésta "contaba con guía de pertenencia y estaba correctamente acreditada” y si “es habitual que miembros del Ejército de Tierra lleven armas de fuego sin estar de servicio".

IU se queja de que los ministerios se limitaron a respuestas genéricas como que el alférez "fue interceptado en uno de los filtros policiales", que "la pistola incautada contaba con guía de pertenencia y estaba correctamente acreditada" y que desconocen los motivos y el alférez tampoco los ha aclarado.

Además, Santiago y González preguntaron “qué medidas están tomando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar el cumplimiento íntegro de la Ley de Memoria Democrática” o “cuántas personas han sido identificadas y propuestas para sanción por la exaltación de signos contrarios” a esta ley, y, cuando el incumplimiento lo realiza “un cargo público o una formación política”, cuáles son las medidas que “piensa adoptar el Gobierno para que se cumpla” la norma.

También querían saber “cuáles son los mecanismos previstos para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hagan cumplir” lo dispuesto en la ley y “cuáles son las comunidades autónomas donde más se ha incumplido la Ley de Memoria Democrática y cuáles las que más sanciones o expedientes informativos han cumplimentado”.

A ello, de nuevo, el ministerio competente habría respondido en tres párrafos repitiendo enunciados de la ley y que "la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha tramitado un expediente administrativo sancionador por actos públicos contrarios a la memoria democrática en la Comunidad de Madrid’.