En concreto, IU defiende penalizar fiscalmente los inmuebles inutilizados, bonificando su puesta en uso "y estableciendo, de ser preciso, su arrendamiento obligatorio".

Asimismo piden, en un documento facilitado a Servimedia, que se derogue "el grave decreto que promulgó el Gobierno del PSOE en 1992, con el que se ha establecido un leonino procedimiento de ejecución notarial sumaria de las hipotecas".

IU pide que se amplíen los plazos y se mejoren los regímenes de ls viviendas protegidas. También propone subvenciones y ayudas públicas para el tratamiento de inmuebles antiguos o en mal estado y para la rehabilitación de cascos urbanos, "con el fin prioritario de no alterar la situación de los residentes y garantizar su estable permanencia".

Entre las proposiciones que la coalición presentará en el trámite parlamentario de la LAU se incluyen la aplicación de medidas para que aumente el parque de viviendas públicas en alquiler. Para ello, reclaman un incremento de a intervención de la Administración en el sector inmobiliario y una mayor coordinación con la iniciativa privada.

El paquete de medidas para enderezar la situación del mercado inmobiliario confeccionado por Izquierda Unida contempla también la ampliación de los plazos de amortización del precio, reducción de los intereses de los créditos, apoyos fiscales para las viviendas de uso propio y de alquiler.

Izquierda Unida advierte que, "de no impedirse que la ley de desahucios adquiera vigencia, dará ugar a la desaparición de un gran número de pequeñas y medianas empresas, con los consiguientes expedientes de crisis y despidos masivos de trabajadores".

A su juicio, este proyecto de ley culmina la ofensiva del Gobierno contra las pequeñas y medianas empresas, de la que también serían manifestaciones la "fiscalidad distorsionada e injusta" y el "descontrol de horarios comerciales".

Para IU, el principal objetivo de esta ley es "adelantar la realización de las grandes plusvalías especulativas acmuladas en los inmuebles, en un alto grado a causa precisamente de aquel decreto (el "decreto Boyer"), sacrificando para ello a amplísimos sectores sociales de inquilinos y otros arrendatarios".