El escrito habla de indicios de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, administración desleal de patrimonio público o cualquier otro delito que resulte de la instrucción.

La formación pide a la justicia que se reclame el expediente completo de compra, los informes de necesidad, la tasación, los datos relativos a la legalidad urbanística, la financiación, los acuerdos de Planifica Madrid, la posible intervención de la Consejería de Presidencia en la adquisición, la documentación sobre las obras de la Real Casa de Correos, los destalles sobre al comisión cobrada por la inmobiliaria, los costes fiscales y la posterior decisión de venta.

No es la primera denuncia que se plantea por estos hechos, ya que un abogado experto en corrupción ya presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas a título particular. Ahora, Iustitia Europa, que ha estado personada en las causas que afectan al PSOE o al Gobierno, también recurre a la justicia por estos hechos.

También el PSOE y Más Madrid han anunciado acciones legales que, por el momento, no se han concretado. La denuncia de Iustitia Europa destaca que la compra se presentó como una solución temporal para alojar el despacho de la presidenta mientras se realizaban unas obras en la sede de la Comunidad de Madrid, "en lugar de recurrir al alquiler temporal o a otros inmuebles públicos disponibles".

Por eso, quiere que la Justicia determine quién avaló la necesidad de la compra, quién eligió el piso y quién impulsó la utilización de Planifica Madrid para realizar la operación. Además, plantea que se averigüe la identidad de la persona que autorizó la compra por 6,3 millones de euros, así como los informes que justificaron la operación, los controles a los que estuvo sometida y quién acordó después poner el ático en venta.

La denuncia pone también el foco en que el inmueble no cuenta con licencia para ser usado como despacho, sino solo como vivienda, y reclama un estudio de la intervención de la inmobiliaria que medió en la operación y que cobró una comisión del 3%, según lo publicado en prensa. También cuestiona la fórmula usada para adquirir de manera indirecta el ático, que supuso el pago de 378.000 euros en impuestos, cuyo pago se podría haber eludido mediante una compra directa desde la Administración pública que, eso sí, está sometida a severas medidas de control y transparencia.

Iustitia Europa apunta directamente a la presidenta autonómica y pide saber qué información se trasladó a Isabel Díaz Ayuso, puesto que esta semana afirmó que no tenia conocimiento de la operación. También pide a la justicia averiguar “cuál fue la intervención del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, responsable político de la Consejería de la que depende Planifica Madrid y presidente de su Consejo de Administración".

Según el resultado de estas diligencias, y en caso de que se desprendiera alguna responsabilidad de la presidenta madrileña, la investigación tendría que trasladarse al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, debido a su aforamiento.