Según informó esta fuerza política, la acción penal, presentada ante la Sala Segunda del Supremo, se dirige contra los integrantes del Gobierno que, el 9 de marzo de 2021, autorizaron el préstamo para Plus Ultra. La ayuda fue tramitada con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) de la SEPI.

La querella de Iustitia Europa atribuye a los acusados los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Los denunciantes sostienen que la aprobación del rescate no fue una decisión política, sino una resolución administrativa que debía cumplir con requisitos legales específicos. Entre ellos, que la aerolínea beneficiaria no estuviera en situación de crisis a 31 de diciembre de 2019 y que cumpliera las condiciones de elegibilidad para acceder a fondos públicos extraordinarios.

Luis María Pardo, presidente de la formación política, destacó la importancia de esta acción judicial al afirmar. "Hemos cumplido con nuestra obligación como acusación popular y como partido de la sociedad civil. La ratificación de esta querella permite que el Tribunal Supremo examine unos hechos de extraordinaria gravedad que afectan a la gestión de 53 millones de euros de dinero público”, afirmó.

"ESLABÓN FINAL"

La querella se fundamenta en los indicios recogidos en la investigación que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional, donde figura como investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Iustitia Europa considera que el rescate de Plus Ultra es una de las operaciones más relevantes investigadas hasta la fecha debido a su impacto económico y a las posibles responsabilidades políticas y penales derivadas.

En su comunicado, Iustitia Europa señala que el rescate de la aerolínea habría sido el “eslabón final” de una trama presuntamente liderada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno, conocida internamente como “boutique financiera”. Según la investigación, se habría detectado un contrato por el 1 % del monto total del rescate, equivalente a 530.000 euros, que estaría vinculado a la obtención de la ayuda pública.

La asociación considera que estos indicios apuntan a que la decisión del Consejo de Ministros no respondió al interés general, sino a “una posible mediación interesada”. Por ello, confía en que la Justicia determine si esta operación se ajustó a la legalidad o si, por el contrario, constituye “uno de los mayores escándalos de utilización de recursos públicos de los últimos años”.

"REINICIO MORAL DE ESPAÑA"

Iustitia Europa reafirmó su compromiso con la transparencia institucional y la lucha contra la corrupción. En palabras de su presidente, la asociación se mantendrá firme “en todas aquellas causas en las que existan indicios de utilización irregular del dinero público”.

La organización subrayó la necesidad de un “reinicio moral de España” frente a lo que calificó como “la canibalización de las instituciones por culpa de la corrupción política”. Añadió que la sociedad civil clama por un cambio que garantice la correcta gestión de los recursos públicos y el respeto a la legalidad.

El rescate de Plus Ultra, una aerolínea considerada estratégica por el Gobierno, ha generado una amplia controversia desde su aprobación. La investigación en la Audiencia Nacional y la ratificación de la querella contra el Gobierno por parte de Iustitia Europa implican que esta operación tendrá todavía recorrido en los tribunales.