En un comunicado, Izquierda Republicana resalta que el texto es "claramente insuficiente a la hora de concretar el que reconoce como uno de sus objetivos principales: el derecho de todos los ciudadanos a la reparación y reconocimiento singular de su memoria personal y familiar".

Para ello, debería proclamar "la injusticia de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal producidas por razones políticas o ideológicas, durante la Guerra Civil y el Franquismo" con una declaración de nulildad de las sentencias dictadas por el aparato represor del franquismo, "por vicios radicales de fondo y forma".

Además, exige indemnizaciones económicas para todos los perjudicados y, en su caso, sus herederos por los actos represivos del franquismo, y también para quienes, tras partir forzadamente al exilio, fueron despojados de sus bienes y sus derechos de carácrer funcionarial o profesional, "expolio que en ningún momento durante la Transición ha sido compensado".

Lamentó que el proyecto mantenga "una injustificable voluntad de equidistancia entre los defensores de la legalidad republicana y los sublevados, con la intención de no ser acusado por la derecha franquista de revanchismo, que en cualquier caso y, pese a lo timorato del proyecto, ya lo ha hecho".

"Quienes ganaron la guerra, iniciada por una sublevación militar ilegal e ilegítima, honraron a sus muertos, compensaron a sus víctimas; quienes perdieron no pudieron hacerlo porque la dictadura instalada por lo vencedores instauró un régimen de represión cruel contra ellos", recordó.

Concluye que el texto no introduce avances significativos en materia de simbología, localización de cadáveres de ejecutados o acceso a los archivos, con lo que "no supera los últimos obstáculos para superar cualquier forma de trato discriminatorio a quienes padecieron persecución, sanciones y condenas" por defender sus ideas.