LaLiga asegura que, mientras busca herramientas más ágiles para bloquear el acceso ilegal a contenido deportivo, el conflicto pone de manifiesto la tensión entre la protección de la propiedad intelectual y el rol de algunos intermediarios tecnológicos que no apuestan por acabar con el fraude audiovisual. LaLiga sostiene que la piratería no es un "crimen sin víctimas". El robo de contenido amenaza la viabilidad económica de los clubes, el empleo de miles de trabajadores y la capacidad de reinversión en el fútbol base y en la propia competición.

En declaraciones a Associated Press recogidas por Servimedia, Tebas asegura que "solo en España, más del 35% de la piratería de contenidos de LaLiga continúa siendo distribuido a través de la infraestructura de Cloudflare, a pesar de miles de avisos formales y medidas de cumplimiento respaldadas judicialmente e implementadas por los proveedores de servicios de Internet (ISPs)”.

“No se trata de un debate jurídico, técnico o ideológico, sino de un caso de una empresa que prioriza sus intereses comerciales y su beneficio económico por encima de la legalidad, la sostenibilidad de la industria deportiva global y la protección de sus propios clientes, a los que utiliza como escudo digital para redes de piratería organizada”, añade.

Asimismo, LaLiga subraya que actualmente existe colaboración con gran cantidad de intermediarios tecnológicos, como Google, Amazon y YouTube, entre otros. Por el contrario, Cloudflare ha rechazado en repetidas ocasiones atender las peticiones de colaboración de LaLiga.

Cloudflare se enfrenta a resoluciones legales en contra dictadas por tribunales en Italia, Francia, Alemania y Japón, entre otros países.