El procedimiento para adoptar esta decisión se ha verificado sin audiencia de los cuatro magistrados y magistradas afectados, entre los que se encuentra Luis Villares, miembro de JJpD, y con una motivación “meramente aparente e inidónea para justificarla, incumpliendo la norma que exige una serie de contenidos y trámites que no se atienden en el presente caso”, pues la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Bilinski contra Polonia y la del Tribunal de Justicia de la Unión de 6 de marzo de 2025, señalan la necesidad de “motivos claros y criterios objetivos” que aquí “no concurren”.

El resultado de estos defectos es la “ausencia de tales criterios objetivos y motivos claros”, que ponen en tela de juicio la propia medida, dentro de un contexto de “presión por parte de representantes políticos y empresariales que hacen más necesario, si cabe, extremar las garantías”. La quiebra de la forma, según el TEDH, junto con la ausencia de motivos claros, llevan a apreciar un riesgo evidente para la inamovilidad y la independencia del tribunal que JJpD “no puede ignorar”.

JJpD ha solicitado también al CGPJ la suspensión de los acuerdos recurridos, recordando que la quiebra en la formación de los órganos judiciales y en el nombramiento de sus integrantes, puede llegar a ser motivo de nulidad de las resoluciones según la jurisprudencia del TEDH.

La asociación se considera legitimada para hacer esta reclamación y para defender la independencia judicial. Cita también la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo respecto a fundaciones y asociaciones de interés general, y las conclusiones de la abogada general del TJUE que incide sobre la consideración especial de las asociaciones judiciales en defensa de cuestiones que afecten al estatuto y garantías de la judicatura.