En opinión de Rodríguez, el proyecto cambia el modelo de investigación y abandona los resabios inquisitivos del actual sistema. Cree que el proyecto presentado “refuerza el papel de la fiscalía investigadora”, que “deberá recabar evidencias suficientes para convencer al juez de garantías que es procedente la apertura del juicio oral”.

En la actualidad “el juez instructor al tiempo que investiga es quien decide si hay justificación para ir a juicio, mientras que con el proyecto de Lecrim el juez de garantías “no participa en la investigación y no toma partido, resolviendo con independencia si el proceso penal debe continuar o no”. De este modo “no se contamina por su propio trabajo previo para resolver sobre la suficiencia de una imputación”.

El portavoz de JJpD defiende que esté previsto que “la judicatura deje de investigar y pase a garantizar los derechos fundamentales de las partes”. En su opinión “la diferencia esencial es que la tarea indagatoria de la fiscalía tendrá que someterse a los límites que disponga el juez de garantías, cuando en la actualidad la decisión de mantener una instrucción, ampliarla, dirigirla en una u otra dirección o con respecto de ciertas personas, sólo tiene el control de los recursos frente a las decisiones del juez de instrucción”.

El cambio cualitativo es sustancial y nos acerca al modelo predominante en Europa, insiste Edmundo Rodríguez, afirmando que “la fiscalía tendrá que convencer al juez de que existen razones y fundamento para mantener sus investigaciones o afectar a unas u otras personas, acordar prisión provisional, intervenir comunicaciones o realizar registros domiciliarios”.

Sobre la independencia del fiscal este portavoz de JJpD sostiene que las reformas que se proyectan “garantizan su independencia”. Por un lado, ya no coincidirá el mandato del gobierno de turno con el del fiscal general del Estado, prohibiéndose al ejecutivo que le haga indicaciones sobre asuntos concretos. Por otro lado, el Estatuto Orgánica del Ministerio Fiscal “permitirá que se discuta en juntas de fiscales las decisiones de más relevancia, y que se puedan confrontar las decisiones que puedan adoptarse”, manifestó.

“Es un proyecto largamente esperado y absolutamente imprescindible”, afirman en JJpD, considerando que “supone una reforma modernizadora que hace casi medio siglo, con la aprobación de la Constitución, debió acometerse”. En cuanto a la afectación a procesos en curso, Rodríguez afirma que “la vacatio legis hasta el año 2028 facilitará el estudio y puesta en marcha de la reforma, de modo que ninguna de las instrucciones actuales se verá afectadas por la futura regulación legal”.