El objetivo es “volver a ilusionar” a cuantos sirven en la administración de justicia, mejorar su funcionamiento y prestar un mejor servicio a quienes recurren a juzgados y tribunales. El plan pretende ser un “revulsivo”, y que se base en “mayor inversión, más eficiencia y una decidida voluntad de afrontar problemas estructurales” que tienen solución si se atacan “con medios, inteligencia y cooperación” con los operadores jurídicos.

JJpD propone un incremento presupuestario “significativo” para plantearse remedios eficaces a las carencias que padece la administración de justicia. Además, contempla impulsar el plan de trabajo dentro de la Agenda Justicia 2030 para cumplir tres objetivos: “acceso a derechos y libertades, eficiencia del servicio público de la justicia y contribución a la sostenibilidad y cohesión”.

Proponen un acceso universal a la justicia, lenguaje accesible y desarrollo de los planes de igualdad y conciliación. Además, abogan por recuperar los proyectos de ley de eficiencia organizativa, digital y procesal, y en particular, los tribunales de instancia.

Piden tramitar de manera “inmediata” el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, incrementar el número de juzgados y tribunales, especialmente los de Violencia sobre la Mujer; duplicar los recursos destinados a ampliar judicatura y fiscalía de manera que en vez de 200 plazas de jueces se convoquen 400 para afrontar las próximas jubilaciones y la creciente carga de trabajo. Reclaman, además, que el CGPJ cumpla con la legalidad y convoque las plazas de cuarto turno que exige la Ley Orgánica del Poder Judicial.

JJpD quiere que se eleve el número de becas públicas de los programas para la preparación de oposiciones a las Carreras Judicial y Fiscal y a los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia y Abogados del Estado, con el fin de eliminar barreras socioeconómicas que puedan afectar a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

La asociación pide también mejorar las condiciones laborales y retributivas de quienes prestan servicio en la administración de justicia, procurando unos niveles de trabajo razonables que no perjudiquen su salud laboral, aumentar los recursos y la remuneración de la abogacía de oficio y actualizar los umbrales para la concesión del derecho a litigar gratuitamente para que los ciudadanos con falta de recursos económicos no vean afectados sus derechos.

Finalmente, Juezas y Jueces para la Democracia propone introducir una especialización en materia de familia, infancia y capacidad, con el fin de facilitar desde los tribunales una adecuada respuesta a las crisis que tiene que afrontar.