Almunia realizó estas consideraciones en una entrevista difundida este martes por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) dentro de la serie ‘El Sillón de la Europa Social’, en la que repasó la evolución de España desde su adhesión a las Comunidades Europeas y las principales lecciones sociales de las últimas crisis.

El excomisario europeo defendió que el próximo marco presupuestario preserve “una especificidad” para la política social y reclamó garantías para evitar que pierda visibilidad y capacidad de actuación. “Debe haber una especificidad, unas garantías de que la política social, hoy en día financiada por el Fondo Social Europeo, no va a tener un papel más diluido”, sostuvo.

Almunia consideró positivo vincular los fondos europeos a reformas destinadas a mejorar la eficacia de las políticas nacionales, pero advirtió de que esta flexibilidad no puede sustituir a la seguridad financiera. “Me gustaría que las políticas sociales en Europa no se diluyan en cuanto a las garantías de que van a tener financiación suficiente”, afirmó.

A su juicio, el debate sobre el presupuesto europeo tampoco puede limitarse al reparto de las partidas, ya que la Unión afronta nuevas necesidades relacionadas con la defensa, la transición ecológica, la cohesión y la ampliación. Por ello, defendió aumentar la capacidad común de financiación mediante recursos propios y fórmulas de deuda europea.

En su balance de las cuatro décadas transcurridas desde la entrada de España en las Comunidades Europeas, Almunia afirmó que el país es hoy “radicalmente diferente” y destacó la modernización experimentada y la reducción de las diferencias sociales respecto a otros Estados miembros.

“España es radicalmente diferente, es una España más moderna, mejor, con menos diferencias sociales que las que teníamos entonces”, señaló.

También reivindicó la contribución española a una mayor dimensión social de la Unión Europea y defendió que los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales deben traducirse en políticas capaces de garantizar derechos efectivos y no quedarse en declaraciones.