Por lo tanto, el Supremo ni siquiera ha entrado a analizar el fondo de la cuestión porque no ha visto interés casacional en el recurso y entiende que los argumentos planteados en él están resueltos en la jurisprudencia del alto tribunal. Contra esta decisión no cabe recurso, por lo que la batalla judicial de Sabina con Hacienda ha llegado a su fin y el cantante tendrá que pagar los 2,5 millones de euros que se le reclaman.

La inspección tributaria analizó las declaraciones de Sabina entre los años 2008 y 2010, comprobando que era socio o administrador de las empresas Ultramarinos Finos, Relatores y El Pan de Mis Niñas, a través de las cuales gestionaba sus derechos de autor, varios inmuebles situados en Madrid y Rota, un velero y otros bienes como libros antiguos, según el inventario que consta en la sentencia.

Según la Audiencia Nacional, las compañías ingresaron más de 12 millones de euros relacionados con los derechos de autor cedidos por Sabina y su actividad artística como el cobro de galas, las ventas de discos o las colaboraciones en prensa. El cantante aseguró no tener relación con alguna de las sociedades, pero el tribunal consideró este argumento “inverosímil”.