Esta decisión puede ser revocada en cualquier momento a lo largo del juicio, tal y como explicó el presidente del tribunal, Ricardo de Prada. Está previsto que el juicio se prolongue hasta el mes de mayo de 2026 y tanto Pujol como sus siete hijos declararán al final.

La decisión del tribunal choca con un informe forense previo encargado por la Audiencia Nacional, que concluía que Pujol no estaba “en condiciones físicas ni cognitivas” para defenderse con garantías y afrontar el proceso. El propio expresidente ha hablado con los magistrados para decir que está “a su disposición para responder lo mejor que sepa”, aunque señalando que “muy en forma no estoy”.

En este juicio se sienten en el banquillo los siete hijos de Jordi Pujol y Marta Ferrusola, ya fallecida, además de varios empresarios. Pararán ante el tribunal 254 testigos. El expresident se enfrenta a una petición de nueve años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo de capitales. La Fiscalía pide además 29 años de prisión para el primogénito de la pareja, Jordi Pujol Ferrusola y 17 años para su exesposa Mercè Gironès; 14 años para Josep Pujol Ferrusola, y ocho años para los otros cinco hermanos.

El juicio comenzó este lunes en la Audiencia Nacional más de una década después de arrancar las investigaciones. Pujol confesó en 2014 que tenía dinero en Andorra desde hacía tres décadas, a través de una carta en la que aseguró que el dinero provenía de la herencia de su abuelo Florenci.

CUESTIONES PREVIAS

Con la decisión tomada, la vista se inició con las cuestiones previas. El primero en intervenir fue Cristóbal Martell, abogado del primogénito de los Pujol, que esgrimió “indefensión” de su defendido. Aludió a las investigaciones de la llamada ‘policía patriótica’ contra lideres nacionalistas e independentistas y cuya declaración ha sido vetada por el tribunal por no guardar relación con esta causa.

También defendió que algunos de los delitos están “prescritos” y recordó que al atender las comisiones rogatorias de las autoridades españolas, Andorra vetó que su información se utilizara para acusar a los entonces investigados de delitos fiscales y de blanqueo, que son centrales en la causa.

Esta línea de defensa también fue compartida por el abogado de Josep Pujol, Jaume Campaner, quien insistió en que hubo injerencias del Estado en esta causa. Para respaldar su afirmación, Martell recordó que Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, denunció las irregularidades en enero de 2013, pese a lo cual no se activó la investigación hasta un año más tarde cuando entró en contacto con el excomisario José Manuel Villarejo.

Hizo también mención a los mensajes de WhatsApp intercambiados entre Victoria Álvarez y Jorge Moragas, el que fuera jefe de gabinete del presidente de Gobierno Mariano Rajoy, en los que animaba a la mujer a denunciar los hechos. Las relaciones se fueron tensionando hasta que la mujer acabó recordando: "He hecho lo que me pedisteis".

En esa línea de intentar la nulidad del juicio en un último momento, denunció que varias de las pruebas que permitieron armar este caso fueron obtenidas de manera “ilícita” gracias a la “injerencia” de los poderes del Estado y de personajes como Villarejo.

En concreto, la Fiscalía acusa al expresidente catalán y a sus hijos de los delitos de asociación ilícita y blanqueo, aunque al primogénito le suma, además, falsedad, cinco delitos fiscales y frustración de la ejecución, por lo que el veto de las autoridades andorranas supondría prácticamente su exculpación.

Martell esgrimió también la nulidad de la entrada y registro en el despacho de Joan Anton Sànchez Carreté, el asesor fiscal de la familia Pujol, y un documento aportado por la familia Pujol-Ferrusola que acredita que no tienen más en el extranjero.

Además, insistió en que la Audiencia Nacional no es competente para celebrar este juicio, que debió recaer en la Audiencia de Barcelona, puesto que el presunto delito se habría cometido en España y no el extranjero, puesto que el fraude fiscal se cometió contra la Hacienda Pública española.

Varios de los abogados de los acusados pidieron de nuevo que se llame a declarar a los integrantes de la ‘policía patriótica’, posibilidad que ya fue descartada por el tribunal. Además, el abogado de Mercè Gironès, la exmujer del primogénito, pidió que declare como testigo su hijo Jordi Pujol Gironés.