Los jóvenes proponen al Gobierno que se mejore el acceso a la salud mental, especialmente en el entorno rural mediante unidades móviles y refuerzo de profesionales; la creación de espacios seguros de socialización y apoyo emocional; y la realización de campañas frente a las adicciones digitales y consumo de sustancias. En el ámbito económico, piden un mayor parque público de vivienda juvenil, reducir la precariedad laboral, regular las prácticas no remuneradas y mejorar el transporte público, especialmente con tarifas asequibles en zonas poco pobladas.