No obstante, continuó el representante de JpD "el Consejo puede ejecutar sólo en parte las medidas que se pretenden tomar, pero hay que tener claro que la ejecución de las mismas compete al Parlamento, al Gobierno y a los gobierno autonómicos". En este sentido acusó al actual equipo del Ministerio de Justicia, dirigido por la ministra Margarita Mariscal de Gante de "muy coorporativo" y de no haber aportado hasta ahora "ni una sola idea de reflexión para mejorar la Justicia".

Alonso aseguró que "es una evidencia que la Administración de Justicia no funciona como debiera, sobre todo para prestar un servicio de calidad, propio de una sociedad de finales de siglo", pero alabó la labor del CGPJ de "coger el toro por los cuernos y e un tiempo relativamente corto (el actual equipo lleva aproximadamente un año de trabajo), estar dispuesto para sacar a la luz este análisis de la situación actual".

En cuanto al llamado pacto político por la Justicia en España, Alonso aseguró que "es necesario que se asuma la idea de servicio público, y esto puede llevar consigo que se toquen muchos intereses corporativos", y se preguntó si el actual gobierno de la nación "está dispuesto a tocar esos intereses".

Finalmente, en cuanto al tema másdestacado del Libro Blanco, referido al control de las actividades extrajudiciales de los magistrados, el portavoz de Jueces para la Democracia afirmó que "parece mentira que no se haya abordado antes", y aseguró que "dado el especial estatus constitucional de los jueces", este control le parece "obvio y completamente normal", e indicó que actualmente esto ya se viene realizando.