Según informó Jucil, la imposición del catalán como lengua obligatoria y la amenaza de sanciones restringirán el interés de los agentes por solicitar destino en Baleares y empujarán a muchos a marcharse.

Esta entidad recordó que Baleares no es un destino prioritario para los efectivos debido al elevado coste de vida, al que no pueden hacer frente con sus retribuciones actuales, situación que se agrava con la falta de reposición de agentes jubilados o trasladados.

La exigencia del catalán podría acarrear hasta seis años de suspensión de empleo para los agentes que no atiendan a los ciudadanos en esta lengua cooficial, lo que según Jucil "supondría una amenaza y un paso más hacia la futura desaparición de la Benemérita" en el archipiélago.

SITUACIÓN CRÍTICA

La escala básica registra actualmente 376 vacantes en las islas: 241 en Mallorca, 90 en Ibiza, 43 en Menorca y 24 en Formentera, sin contar los diferentes puestos de la cadena de mando, lo que evidencia una grave carencia de personal.

Esta falta de efectivos coincide con un aumento de la criminalidad del 2,4% en 2024, con más de 80.300 delitos registrados, mientras que la media nacional descendió un 0,3%.

Jucil advirtió que esta situación pone en riesgo funciones esenciales como la vigilancia de costas, fronteras, aeropuertos y carreteras, siendo especialmente preocupante el caso del aeropuerto de Son Sant Joan, el más transitado de España en verano.

Esta entidad considera que la medida evidencia una clara priorización de la política lingüística por encima de la necesidad de garantizar la seguridad en una comunidad que ya adolece de una alarmante falta de medios humanos y materiales.