Así se pronunciaron tras conocer el fallecimiento de Germán y el capitán Jerónimo, los dos agentes que perdieron la vida al colisionar las dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado cuando perseguían a una lancha rápida de narcotraficantes. Otros dos efectivos resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.

En un comunicado, la AUGC detalló cómo se produjo el siniestro. Según señalaron, el servicio se inició hoy a las 8.00 horas, cuando “una lancha semirrígida y la embarcación interceptora ‘Río Antas'" de la Guardia Civil “estaban interceptando una narcolancha a entre 60 y 80 millas de la costa onubense, en aguas comprendidas entre Punta Umbría y Mazagón”.

En un momento dado, ambas embarcaciones chocaron, lo que costó la vida de dos agentes y “ha dejado a otros dos fuera de combate”, señalaron. Y añadieron que la ‘Río Antas’ “tenía cinco meses de vida”, subrayando que el que se produzca “una tragedia de esta magnitud” con un medio así “dice más sobre las condiciones del escenario operativo que sobre el equipamiento de la embarcación”.

Sin embargo, consideran que este “no es un accidente imprevisto”, sino “la consecuencia directa de una situación de riesgo documentada, analizada y trasladada formalmente a la Administración, que optó por no actuar”.

Así, denuncian que presentaron una serie de recomendaciones a la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales, como que se atendiera “a la elevada peligrosidad y desproporción operativa”, la “restricción del uso de embarcaciones semirrígidas sin protección a funciones de vigilancia no hostil” o la “dotación mínima de cuatro efectivos por unidad en misiones con posibilidad de abordaje”.

Pero apuntan que la respuesta que les dieron vino a ser que “el criterio sobre si una embarcación sin protección debe enfrentarse a una narcolancha armada corresponde al agente que ya tiene encima el problema”. Al mismo tiempo, recuerdan que el Congreso aprobó una proposición no de ley sobre la dotación de armas no letales para el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, pero que, pese a ser un “mandato parlamentario”, sigue “sin desarrollo” y “sin ejecución”.

HUELVA, "PUNTO DE ENTRADA"

Además, insisten en que “el narcotráfico no eligió Huelva por azar”, sino que “la creciente presión policial en el Campo de Gibraltar empujó a las organizaciones criminales hacia el oeste”, consolidando la costa onubense como “uno de los principales puntos de entrada de droga a Europa”. Aun así, denuncian que la Comandancia de Huelva “opera con cerca de 300 agentes menos de los que debería tener, un déficit cercano al 20% de su plantilla teórica”.

También se mostraron muy críticos desde Jucil, asociación que denunció que “el narco actúa con total impunidad mientras el Ministerio del Interior abandona a quienes dan la vida por España”. Y añadieron que trabajan “sin medios, sin protección y sin profesión de riesgo”.

Al igual que AUGC, apuntaron que “esta tragedia no es un hecho aislado ni imprevisible”, y recordaron que llevan mucho tiempo “denunciando públicamente el grave deterioro de la seguridad en nuestras costas y el crecimiento de organizaciones criminales cada vez más violentas, más organizadas y mejor equipadas”.

Así, consideran “inadmisible” que quienes combaten el narcotráfico sobre el terreno sigan trabajando “en condiciones de inferioridad, con falta de medios materiales, humanos y jurídicos suficientes para hacer frente a una amenaza que no deja de aumentar”.

“Lo advertimos tras el asesinato de nuestros compañeros en Barbate (en febrero de 2024) y volvimos a insistir en que aquello podía repetirse. Desgraciadamente, el tiempo nos ha dado la razón”, zanjan mientras insisten en que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska “no puede seguir ignorando la realidad que viven diariamente los agentes destinados en Andalucía y especialmente en las zonas más castigadas por el narcotráfico”.